La propuesta para posponer la elección judicial hasta 2028 avanzó en la Cámara de Diputados, específicamente en San Lázaro, donde legisladores dieron luz verde al dictamen en comisiones.
El cambio plantea modificar el calendario originalmente previsto para renovar cargos del Poder Judicial, lo que ha generado un fuerte choque entre oficialismo y oposición.
Mientras la mayoría legislativa defiende que el ajuste permitirá una mejor organización del proceso, partidos opositores han cuestionado la decisión al advertir que podría representar un costo adicional de hasta 15 mil millones de pesos, además de acusar un posible uso político de la reforma.
Desde la oposición también se ha señalado que aplazar la elección podría afectar la certeza del proceso judicial y abrir la puerta a decisiones discrecionales, en medio de la discusión más amplia sobre la reforma al Poder Judicial impulsada por el gobierno federal.
Por su parte, legisladores afines a la iniciativa sostienen que el cambio busca garantizar condiciones más adecuadas para implementar un modelo inédito de elección judicial, evitando improvisaciones y riesgos operativos.
El debate se mantiene abierto y se prevé que la discusión continúe en el pleno de la Cámara de Diputados en los próximos días, donde podría definirse el futuro del calendario judicial en México.
