La llamada “Operación Enjambre” volvió a golpear a Morelos luego de que autoridades federales ejecutaran órdenes de aprehensión contra funcionarios municipales señalados por presuntos vínculos con redes de extorsión y delincuencia organizada. Entre los principales objetivos se encuentran alcaldes de la región oriente del estado, incluyendo Cuautla y Atlatlahucan.
Como parte del operativo, fuerzas federales detuvieron a Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan, así como a Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla, ambos investigados por presuntos delitos relacionados con extorsión y nexos criminales.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y de la continuidad de la Operación Enjambre, encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la SSPC.
Las autoridades también mantienen activa una orden de aprehensión contra Jesús “N”, alcalde de Cuautla, quien continúa prófugo mientras avanzan las investigaciones federales.
Las indagatorias se relacionan con videos difundidos desde 2025 en los que presuntamente aparecen alcaldes de Morelos reunidos con un supuesto líder criminal identificado como “El Barbas”, señalado como operador de una célula delictiva en la zona oriente del estado.
Desde entonces, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) abrió investigaciones contra varios presidentes municipales de Morelos por posibles vínculos con grupos criminales dedicados a extorsión, cobro de piso y otras actividades ilícitas.
La Operación Enjambre inició originalmente en 2024 y, de acuerdo con reportes nacionales, ha derivado en la detención de al menos 14 alcaldes y funcionarios municipales en distintos estados del país por delitos como homicidio, secuestro exprés y delincuencia organizada.
El caso ha generado fuerte impacto político en Morelos debido a que involucra a autoridades municipales en funciones y ocurre en medio de crecientes denuncias sobre infiltración del crimen organizado en gobiernos locales.
Hasta el momento, ni el Gobierno de Morelos ni los ayuntamientos involucrados han emitido una postura oficial amplia sobre las nuevas detenciones y órdenes judiciales.
