Ciudad de México.— México recibió el reconocimiento de representantes de mecanismos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por las acciones emprendidas para fortalecer el marco jurídico contra el feminicidio, mientras continúa el proceso legislativo de una iniciativa que busca homologar la prevención, investigación y sanción de este delito en el país.

El pronunciamiento fue realizado por Nahla Haidar, presidenta del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), durante un diálogo sobre el adelanto de las mujeres celebrado en el marco del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Haidar destacó los esfuerzos de México para contar con una legislación sólida contra el feminicidio, a partir de una definición que incorpore la perspectiva de género y permita reconocer las particularidades de los asesinatos de mujeres por razones de género.

El reconocimiento se produce mientras el país busca avanzar hacia reglas comunes para atender estos casos, debido a que la iniciativa de ley general todavía se encuentra en el proceso legislativo y no constituye una legislación vigente.

Durante el encuentro, la representación de México ante Naciones Unidas informó que la propuesta de ley general para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio incorpora recomendaciones formuladas por el Comité de la CEDAW.

La iniciativa pretende establecer criterios comunes para la actuación de las autoridades y fortalecer la coordinación institucional en los procedimientos relacionados con este delito. Entre sus objetivos se encuentra mejorar la prevención, garantizar investigaciones con perspectiva de género y reforzar la protección de mujeres, adolescentes y niñas.

La propuesta también busca que los casos sean investigados considerando los elementos que permitan identificar posibles razones de género, con el propósito de evitar que las circunstancias de una muerte violenta queden invisibilizadas por una clasificación inadecuada.

El proyecto contempla, además, enfoques de interculturalidad e interseccionalidad para reconocer que las mujeres y las niñas pueden enfrentar distintas condiciones de vulnerabilidad y formas de discriminación.

En el mismo diálogo, Claudia Flores, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, subrayó la importancia de que las iniciativas y políticas públicas consideren la diversidad de esta población.

Los enfoques de interculturalidad e interseccionalidad buscan que las medidas de protección respondan a las distintas circunstancias sociales, culturales y económicas que pueden influir en las experiencias de discriminación y violencia.

La incorporación de estas perspectivas en el marco jurídico busca ampliar la capacidad de respuesta de las instituciones y evitar que las políticas de prevención y atención se diseñen sin considerar las condiciones particulares de las víctimas.

Aunque las representantes de mecanismos de derechos humanos de la ONU reconocieron los esfuerzos mexicanos, la iniciativa todavía debe completar su trámite legislativo antes de convertirse en ley.

Por ello, el reconocimiento internacional se refiere a las acciones emprendidas y al trabajo para fortalecer el marco jurídico, no a la conclusión del proceso ni a la eliminación de los problemas relacionados con el feminicidio.

El avance de la propuesta será relevante para determinar si los cambios previstos se traducen en procedimientos homogéneos, una mejor coordinación entre las autoridades y mayores garantías de acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

La prevención, investigación, sanción y erradicación del feminicidio fueron señaladas por la representación mexicana ante Naciones Unidas como una prioridad de Estado. El reto pendiente será que los compromisos y las modificaciones legales se reflejen en una protección efectiva para las mujeres, adolescentes y niñas en todo el país.