El senador Gerardo Fernández Noroña cuestionó la manera en que dos exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, encabezado por Rubén Rocha Moya, se habrían entregado a autoridades de Estados Unidos sin que existiera —según su dicho— vigilancia o control por parte de las instituciones mexicanas.
De acuerdo con lo expresado por el legislador, el hecho abre interrogantes sobre los protocolos de actuación en casos de exservidores públicos que son requeridos o investigados en el extranjero, especialmente cuando se trata de procesos vinculados a posibles investigaciones por delitos de alto impacto.
Fernández Noroña señaló que resulta relevante analizar cómo fue posible que ambos exfuncionarios quedaran bajo jurisdicción estadounidense sin una intervención visible de las autoridades mexicanas, lo que —dijo— debería ser parte de una revisión institucional más amplia.
Las declaraciones del senador se dan en medio del caso que involucra a excolaboradores del gobierno de Sinaloa, quienes han sido señalados en investigaciones internacionales relacionadas con presuntos vínculos con estructuras del crimen organizado, aunque los detalles del proceso continúan en desarrollo.
Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido una postura ampliada sobre los señalamientos del legislador ni sobre las circunstancias específicas de la entrega de los exfuncionarios en territorio estadounidense.
El caso ha generado debate político en el Senado y ha reavivado la discusión sobre la cooperación entre México y Estados Unidos en investigaciones que involucran a exservidores públicos.
