La dirigencia nacional de Morena reiteró su postura contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, al insistir en que existen elementos para considerarla responsable de “traición a la patria”, en medio de la creciente confrontación política con el Partido Acción Nacional (PAN).
La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, sostuvo que su movimiento continuará impulsando acciones legales y políticas contra la mandataria estatal, derivadas de la presunta participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad dentro del estado, un hecho que ha generado controversia a nivel nacional.
Montiel también minimizó el respaldo público que Campos ha recibido por parte de figuras como los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, al considerar que dichos apoyos forman parte de una estrategia política de la oposición y no modifican la postura de Morena.
El enfrentamiento entre Morena y el gobierno de Chihuahua se intensificó tras la revelación de operativos en los que habrían participado agentes estadounidenses sin autorización federal, lo que, según el oficialismo, podría constituir una violación a la soberanía nacional.
Ante este escenario, legisladores de Morena promovieron una solicitud de juicio político contra la gobernadora, argumentando posibles faltas graves como la invasión de competencias federales y la vulneración del marco constitucional.
La dirigencia morenista ha reiterado que continuará recabando respaldo político y social para avanzar en este proceso, al tiempo que mantiene el discurso de que se trata de un asunto de defensa de la soberanía del país.
Por su parte, el PAN ha cerrado filas en torno a Maru Campos, denunciando lo que considera una persecución política impulsada desde el gobierno federal y Morena.
La gobernadora ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que las investigaciones en su contra forman parte de una estrategia para debilitar a la oposición, en un contexto de alta polarización política.
Además, líderes panistas han organizado movilizaciones y expresiones públicas de apoyo bajo consignas de respaldo a la mandataria estatal, elevando el tono del conflicto.
El caso ha reavivado el debate sobre los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad, especialmente en el combate al crimen organizado.
Mientras Morena sostiene que cualquier intervención extranjera debe estar estrictamente regulada por el gobierno federal, la oposición argumenta que la coordinación internacional es necesaria ante la complejidad de la violencia en regiones como Chihuahua.
El desarrollo de este conflicto político y legal será clave en los próximos días, ya que podría derivar en decisiones legislativas y judiciales con impacto directo en la gobernabilidad del estado y en la relación entre fuerzas políticas a nivel nacional.
