El gobierno de México reiteró su rechazo a las conclusiones del informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al considerar que el documento no incorpora de forma adecuada la información oficial entregada por el Estado mexicano, aunque al mismo tiempo aseguró mantener apertura al diálogo con organismos internacionales.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que la administración federal “no está de acuerdo con el contenido ni con las conclusiones” del informe, al argumentar que el organismo internacional no tomó en cuenta los datos proporcionados por el gobierno durante su elaboración.

Sin embargo, el posicionamiento ha generado cuestionamientos, ya que contrasta con la magnitud de la crisis de desapariciones en el país, reconocida incluso por instancias del propio Estado mexicano y organismos internacionales como una problemática estructural con decenas de miles de casos sin resolver.

El Comité de la ONU ha señalado que existen elementos suficientes para considerar que en México las desapariciones forzadas pueden alcanzar características de crimen de lesa humanidad, además de advertir fallas graves en investigación, identificación forense y acceso a la justicia para las familias de las víctimas.

Organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han insistido en que el problema no se limita a discrepancias metodológicas, sino a una crisis humanitaria en curso, marcada por la impunidad, la falta de recursos forenses y la fragmentación institucional para atender más de 100 mil personas desaparecidas en el país.

En ese contexto, especialistas han advertido que el rechazo reiterado a informes internacionales puede debilitar la cooperación técnica con la ONU, especialmente en áreas donde México ha reconocido limitaciones, como la identificación de restos y la actualización de registros oficiales.

Aunque el gobierno sostiene que trabaja con agencias internacionales y mantiene canales abiertos con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, el choque con el Comité de la ONU refleja una tensión de fondo: la disputa por la interpretación de la crisis y la negativa oficial a aceptar calificaciones que impliquen responsabilidad estatal más amplia.

El debate se ha intensificado en medio de nuevos hallazgos de restos y búsquedas realizadas por colectivos, que han vuelto a evidenciar la dimensión del problema y la distancia entre la narrativa gubernamental y la realidad documentada en campo.