María Eugenia Campos Galván, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener vigente la reforma electoral estatal que contempla la posibilidad de anular una elección cuando se acredite la intervención del crimen organizado, así como establecer restricciones para candidaturas vinculadas con actividades delictivas.
A través de un mensaje difundido este lunes, la mandataria llamó a las ministras y ministros de la Corte a confirmar la legislación aprobada por el Congreso de Chihuahua, cuyo contenido fue impugnado ante el máximo tribunal.
El pronunciamiento ocurre un día antes de que la SCJN analice las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la reforma electoral. El asunto está previsto para discutirse este martes 29 de septiembre.
Campos sostuvo que Chihuahua incorporó a su legislación mecanismos para evitar que grupos delictivos tengan influencia en los procesos electorales.
Entre las disposiciones se encuentra la posibilidad de declarar la nulidad de una elección cuando se acredite la intervención del crimen organizado, además de restricciones relacionadas con personas vinculadas con actividades delictivas que pretendan participar como candidatas.
En su mensaje, la gobernadora pidió directamente a las ministras y ministros mantener la reforma y afirmó que el objetivo es que la decisión sobre los cargos de elección popular corresponda a los ciudadanos mediante el voto.
“Lo que está en juego el martes es precisamente eso: que el voto se decida en las urnas y no en los cuarteles del crimen”, expresó Campos.
La mandataria también sostuvo que la reforma fue respaldada por las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso local, con excepción de Morena, cuyos legisladores votaron en contra. Esta afirmación corresponde al posicionamiento de la gobernadora.
La reforma electoral fue impugnada mediante distintas acciones de inconstitucionalidad.
De acuerdo con la información del expediente, fueron promovidas cuatro acciones: 96/2026 y 97/2026, por integrantes del Congreso de Chihuahua; 99/2026, por Morena; y 103/2026, por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Los cuatro asuntos fueron acumulados para su análisis conjunto.
Morena ha rechazado que su impugnación implique respaldar la intervención del crimen organizado en las elecciones. El partido ha cuestionado diversos aspectos de la reforma y sostiene que el recurso abarca disposiciones relacionadas con derechos político-electorales y representación, entre otros temas.
Por ello, el análisis de la Suprema Corte no se limita únicamente a la disposición que contempla la nulidad de elecciones por intervención criminal, sino que comprende distintos cambios realizados al marco electoral de Chihuahua.
El Pleno de la SCJN tiene previsto discutir este martes el proyecto elaborado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra.
La información del expediente señala que el proyecto propone declarar parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad y plantea invalidar algunas disposiciones de la reforma, mientras que otras serían consideradas constitucionales.
Entre los temas que forman parte de la revisión se encuentran restricciones relacionadas con candidaturas, disposiciones sobre representación y acciones afirmativas, facultades de los órganos electorales y aspectos del régimen sancionador.
La discusión será la que determine qué partes de la reforma podrán permanecer vigentes y cuáles, en su caso, deberán ser invalidadas.
Ante la revisión constitucional, Campos insistió en que la legislación aprobada por Chihuahua debe mantenerse y pidió a la Corte confirmar la reforma completa.
La gobernadora planteó que el objetivo de las disposiciones es impedir que organizaciones criminales puedan intervenir en los procesos electorales y determinar quién participa o quién obtiene un cargo de elección popular.
La decisión de la Suprema Corte será tomada después de la discusión del Pleno. Al momento de este reporte, la Corte todavía no había emitido una resolución sobre la constitucionalidad de la reforma.
