La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras recibir citatorios por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), en medio de un conflicto político y judicial que involucra al exgobernador y actual senador Javier Corral.

El caso ha generado confusión luego de que surgieran versiones que apuntaban a una posible imputación contra la mandataria estatal. Sin embargo, autoridades federales han aclarado que, hasta ahora, Campos no enfrenta una imputación formal, sino que ha sido citada a comparecer como parte de investigaciones en curso.

Uno de los ejes principales de la investigación está relacionado con el caso de un operativo en Chihuahua donde murieron agentes vinculados a la CIA, situación que ha detonado cuestionamientos sobre la participación de fuerzas extranjeras en territorio mexicano. En este contexto, la FGR ha solicitado la comparecencia de diversos actores políticos, incluida la gobernadora.

Paralelamente, Campos también ha sido citada por una denuncia impulsada por Javier Corral, derivada de hechos ocurridos en 2024, cuando autoridades estatales intentaron ejecutar una orden de aprehensión en su contra, lo que desató un enfrentamiento institucional.

La mandataria ha calificado estos procesos como parte de una persecución política, señalando directamente a actores del oficialismo y cuestionando la forma en que se han emitido los citatorios, los cuales ha descrito como irregulares o “mal elaborados”.

El conflicto ha escalado al terreno político. Legisladores de Morena han promovido incluso solicitudes de juicio político en su contra, acusándola de posibles violaciones a la soberanía nacional por permitir la participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad.

Desde la oposición, particularmente el PAN, se ha denunciado un uso político de las instituciones de justicia, argumentando que el caso forma parte de una estrategia de presión contra una de sus principales figuras rumbo a los próximos procesos electorales.

En medio de este escenario, la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que ni Campos ni otros funcionarios involucrados están imputados, subrayando que las investigaciones se encuentran en etapa inicial y que deberán seguir el debido proceso.

Así, el caso de Maru Campos refleja no solo un proceso judicial en curso, sino también una disputa política de alto nivel que pone en evidencia la tensión entre distintos actores del poder en México, donde justicia, seguridad y rivalidades partidistas se entrelazan en un contexto cada vez más polarizado.