La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que su citatorio ante la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene un trasfondo legal, sino político, al denunciar que existe un intento de convertirla de testigo en acusada.
Durante su comparecencia, la mandataria sostuvo que fue llamada en calidad de testigo dentro de una investigación federal; sin embargo, afirmó que el verdadero objetivo sería construir un caso en su contra.
“Se me cita como testigo, pero con la finalidad de fabricarme un caso”, expresó, al cuestionar el procedimiento de la autoridad federal.
El citatorio está relacionado con una investigación sobre un operativo en la Sierra Tarahumara en el que presuntamente participaron agentes estadounidenses, y en el que murieron dos de ellos tras un accidente.
Campos acudió a la Fiscalía acompañada por dirigentes y legisladores del PAN, convirtiendo su presencia en un mensaje político en el que denunció persecución por parte del gobierno federal.
Incluso calificó el proceso como una “simulación”, al insistir en que no existe claridad jurídica sobre los señalamientos en su contra.
En medio de la polémica, autoridades federales han reiterado que la gobernadora no está imputada formalmente, sino que fue citada únicamente para rendir declaración dentro de una investigación en curso.
El caso se desarrolla en un contexto de alta tensión política entre el gobierno federal y la oposición, donde el Partido Acción Nacional ha acusado un uso faccioso de las instituciones, mientras que desde el oficialismo se sostiene que se trata de un proceso legal ordinario.
La comparecencia de Campos vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la cooperación con agencias extranjeras, así como los límites legales y políticos en materia de seguridad.
