La senadora de Morena, Martha Lucía “Malú” Mícher, generó polémica durante una intervención en el Congreso al afirmar que los recursos destinados a los Programas para el Bienestar no provienen de los impuestos de los mexicanos, sino de la llamada austeridad republicana.
“Ya estuvo bueno de que anden diciendo que ese dinero es de nuestros impuestos. ¡Mentira!”, sostuvo la legisladora al defender la política social del gobierno federal.
Mícher atribuyó los recursos a una estrategia de austeridad implementada por la actual administración y aseguró que ésta ha permitido canalizar recursos hacia los apoyos sociales.
Sus declaraciones provocaron cuestionamientos debido a que los programas federales forman parte del gasto público y su financiamiento se integra al presupuesto gubernamental.
Horas después, Mícher aclaró su postura a través de redes sociales y reconoció que había omitido una precisión importante en su afirmación inicial.
La legisladora explicó que los Programas para el Bienestar no se financian únicamente con impuestos, sino que son resultado de una política integral que incluye la recaudación fiscal, el combate a la evasión y elusión, la eliminación de privilegios fiscales y los ahorros derivados de la política de austeridad.
De esta manera, buscó precisar que su señalamiento no pretendía negar la participación de los recursos tributarios en el financiamiento del gasto público.
Las declaraciones también fueron retomadas por legisladores de oposición. El diputado del PRI, Rubén Moreira, cuestionó directamente la afirmación y preguntó de dónde provienen los recursos destinados a los programas sociales si no proceden de los impuestos.
El intercambio ocurrió en medio de la discusión política derivada del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y de los señalamientos de la oposición sobre el uso y origen de los recursos destinados a las políticas sociales.
Mícher, por su parte, defendió la estrategia de la administración federal y sostuvo que los programas sociales representan derechos para la población, al tiempo que rechazó las críticas de quienes cuestionan su financiamiento.
La polémica se suma a la discusión sobre el destino del presupuesto federal y sobre la manera en que el gobierno comunica el origen de los recursos utilizados para financiar pensiones, becas y otros Programas para el Bienestar.


































