Tras conocer el bloqueo de cuentas bancarias de Ricardo “El Pity” Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que el empresario sea llamado a declarar dentro de la investigación por la desaparición de su hijo.

Carlos Emilio Galván permanece desaparecido desde el 5 de octubre de 2025, cuando fue visto por última vez en Terraza Valentino, establecimiento de Mazatlán del que Velarde era copropietario.

En un posicionamiento difundido después de que se conociera la medida financiera contra Velarde, la madre del joven consideró que la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) representa una razón más para que las autoridades revisen el entorno relacionado con el lugar donde Carlos Emilio fue visto por última vez.

Brenda Valenzuela aclaró que no corresponde a la familia determinar las razones por las que fueron bloqueadas las cuentas de Velarde, sus socios o empresas relacionadas, ni convertir esa medida en una acusación penal.

Sin embargo, cuestionó que, después de casi un año de la desaparición de su hijo, la FGR no haya llamado a declarar al exfuncionario y empresario.

La madre de Carlos Emilio sostuvo que su petición no consiste en señalar culpables anticipadamente, sino en que todas las personas que pudieran contar con información relevante sean escuchadas por las autoridades.

También hizo un llamado directo a Velarde para que, si cuenta con información que pueda ayudar a localizar al joven, se acerque voluntariamente ante la Fiscalía y declare.

La Unidad de Inteligencia Financiera incluyó a Ricardo Velarde en la Lista de Personas Bloqueadas, una medida que implica la restricción de operaciones financieras a las personas o empresas incorporadas en dicho registro.

De acuerdo con información difundida por El País, la Secretaría de Hacienda confirmó la inclusión de Velarde en dicha lista, aunque no se han dado a conocer públicamente las razones específicas de la medida. El exfuncionario ya promovió un amparo para impugnar el bloqueo de sus cuentas.

El recurso fue presentado en la Ciudad de México, pero un juzgado federal determinó que no tenía competencia territorial para atender el caso y ordenó remitirlo a tribunales en Sinaloa, donde continuará el proceso legal.

Por ello, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que el bloqueo financiero esté relacionado directamente con la desaparición de Carlos Emilio.

Ricardo Velarde dejó la Secretaría de Economía de Sinaloa en octubre de 2025, poco después de que se reportara la desaparición de Carlos Emilio.

El joven, originario de Durango, fue visto por última vez en Terraza Valentino, negocio con el que Velarde estaba relacionado. El caso posteriormente fue atraído por la Fiscalía General de la República.

La madre del joven ha insistido durante meses en que la investigación debe agotar todas las líneas posibles y escuchar a las personas que puedan aportar información para conocer qué ocurrió.

Ahora, tras el bloqueo financiero, Valenzuela Gil volvió a cuestionar por qué Velarde no ha sido llamado a declarar.

“Queremos resultados”, reclama la familia

La madre de Carlos Emilio también pidió a la FGR dejar de centrarse únicamente en informar sobre el número de diligencias realizadas y avanzar hacia resultados concretos que permitan conocer el paradero del joven.

La familia sostiene que la investigación debe realizarse sin distinciones por cargos públicos, relaciones políticas o intereses económicos.

Mientras tanto, Carlos Emilio continúa desaparecido y sus familiares mantienen la exigencia de que las autoridades profundicen en las investigaciones para esclarecer qué ocurrió con él.

El bloqueo de las cuentas de Velarde representa, por ahora, una medida financiera cuya causa específica no ha sido hecha pública por las autoridades. Su vínculo con la desaparición de Carlos Emilio continúa siendo un aspecto que la familia pide que sea investigado, sin que ello implique atribuirle responsabilidad penal.