El gobierno federal prepara la ampliación del esquema de comunicación conocido como “Detector de mentiras”, ahora convertido en un programa semanal que será encabezado por Luisa María Alcalde y que tendrá como objetivo desmentir información difundida en medios de comunicación y redes sociales, especialmente aquella que involucre al propio gobierno.

De acuerdo con la información difundida, el nuevo formato será una extensión del segmento que ya se presenta en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero con mayor alcance: ya no se limitará a la mañanera, sino que tendrá un espacio propio para responder a señalamientos considerados falsos o imprecisos.

El planteamiento oficial señala que el programa buscará “combatir la desinformación” y presentar la versión del gobierno frente a publicaciones que considera erróneas, en un contexto donde la administración federal ha insistido en que existe una alta circulación de noticias falsas en su contra.

Sin embargo, el anuncio ha abierto un nuevo frente de discusión política: la polémica no gira únicamente en torno al formato, sino al hecho de que será el propio gobierno quien encabece un espacio dedicado a calificar como falsas o verdaderas las informaciones que lo involucran directamente.

Para críticos y observadores del debate público, el punto sensible es que el mismo aparato gubernamental se coloca como juez y parte en la narrativa informativa, al asumir la tarea de desmentir contenidos que en muchos casos provienen de medios tradicionales, digitales o voces opositoras.

En ese sentido, el proyecto ha sido interpretado como una ampliación del modelo de comunicación ya existente en las conferencias presidenciales, pero con mayor institucionalización y exposición pública de los desmentidos oficiales.

El esquema se suma a otras estrategias previas de gobiernos recientes en México para confrontar lo que consideran “fake news”, aunque estas iniciativas han sido señaladas por organizaciones de libertad de expresión como espacios donde la verificación puede mezclarse con la confrontación política.

Hasta ahora, el gobierno federal ha defendido la creación del programa como una herramienta de transparencia y derecho a la información.