Diversos reportes oficiales del Congreso muestran que un número importante de legisladores del Partido Acción Nacional ha acumulado inasistencias significativas durante la 66ª Legislatura. Los registros de la Cámara de Diputados indican que, en el primer periodo ordinario, la bancada panista sumó 227 faltas sin justificar, una cifra notable dentro del comportamiento parlamentario general.
A esta situación se suma el uso intensivo de permisos y justificantes. De acuerdo con datos difundidos por el Congreso y medios especializados, entre el 1 de septiembre de 2024 y el 10 de octubre de 2025 se presentaron 1,019 justificantes y se otorgaron 265 permisos para ausentarse, con una parte considerable atribuida a legisladores de oposición, incluidos los del PAN. Este uso recurrente de permisos ha generado cuestionamientos sobre la efectividad del sistema de control de asistencia.
Al interior de la Cámara de Diputados se han documentado casos de legisladores panistas con registros particularmente bajos de asistencia, incluso por debajo de las 30 participaciones desde el inicio de la legislatura. También se han reportado ausencias en sesiones semipresenciales, donde el acceso remoto facilita el registro de asistencia, lo que ha llevado a observadores legislativos a cuestionar el compromiso con las sesiones a distancia.
En diversos momentos, las inasistencias han coincidido con votaciones relevantes, lo que limita el peso efectivo de la oposición en la toma de decisiones y abre debates sobre el impacto que estos patrones tienen en el equilibrio legislativo. Algunos analistas han advertido que esta tendencia podría facilitar la aprobación de iniciativas del bloque mayoritario si parte de la oposición no se encuentra presente en momentos determinantes.
Aunque la normativa interna permite justificar faltas por diversas razones, el volumen de ausencias acumuladas ha reavivado las discusiones sobre responsabilidad parlamentaria, transparencia y mecanismos más estrictos de rendición de cuentas. Hasta ahora, no se han implementado sanciones generales ni reformas al sistema de asistencia, pero el tema continúa generando atención pública conforme avanza la legislatura.
