La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Laura Itzel Castillo, defendió la ausencia del senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, al asegurar que en este órgano legislativo no se contabilizan faltas individuales, lo que ha generado nuevas críticas desde la oposición.
Durante declaraciones recientes, la legisladora explicó que el funcionamiento de la Comisión Permanente no depende de la asistencia de integrantes específicos, sino de que se cumpla con el número total de legisladores requerido para sesionar, lo que —afirmó— permite que suplentes participen sin que se registren ausencias formales.
“Siempre tiene que estar el número completo de legisladores”, señaló, al insistir en que se trata de un tema administrativo más que de responsabilidades individuales.
Sin embargo, esta postura ha avivado la polémica en torno a Inzunza, quien no se ha presentado a las sesiones pese a ser integrante propietario de la Permanente. Su ausencia ocurre en medio de señalamientos en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado, lo que ha generado presión política y cuestionamientos sobre su permanencia en el cargo.
De acuerdo con reportes recientes, el legislador acumula varias inasistencias desde finales de abril, situación que ha sido señalada por legisladores de oposición, quienes exigen transparencia sobre los motivos de su ausencia y si existe algún justificante oficial.
Además, el caso ha abierto otro frente de discusión relacionado con el pago de su dieta, ya que existen dudas sobre si el Senado puede continuar entregándole recursos, especialmente luego de que autoridades financieras congelaran sus cuentas.
Incluso dentro de Morena han surgido voces que consideran pertinente que el senador solicite licencia mientras se aclara su situación legal, aunque hasta ahora esto no ha ocurrido.
En paralelo, el propio Inzunza ha sostenido que no fue convocado a la Comisión Permanente, argumento que ha sido cuestionado por distintos actores políticos, quienes insisten en que su ausencia prolongada debe ser aclarada ante la opinión pública.
El tema continúa escalando en el ámbito legislativo, donde se mezcla el debate sobre el funcionamiento interno del Congreso con la exigencia de rendición de cuentas de los servidores públicos, en un caso que mantiene atención nacional por sus implicaciones políticas y legales.


































