Un juez de Miami, Florida, emitió una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta participación en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido en febrero de 1996, un caso que provocó la muerte de cuatro personas y que vuelve a colocar al exmandatario en el centro de un proceso judicial en Estados Unidos.

La orden estatal está relacionada con una investigación que busca establecer la presunta responsabilidad de Castro en una conspiración para cometer asesinato en primer grado. Las autoridades de Florida sostienen que existen indicios de que una red de inteligencia cubana que operaba en territorio estadounidense recopiló información sobre los vuelos de la organización y contribuyó a facilitar el ataque.

La medida judicial fue dada a conocer el lunes 19 de octubre de 2026 por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien ha impulsado la reapertura del caso. La orden contempla que las autoridades procuren la detención de Castro si es localizado fuera de Cuba y pueda ser puesto a disposición de la justicia de Florida.

Sin embargo, la emisión del mandamiento no significa que el exmandatario haya sido detenido. Raúl Castro permanece en Cuba y su eventual comparecencia ante un tribunal estadounidense dependería de las circunstancias legales y diplomáticas que permitan ejecutar la orden.

El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate

Los hechos se remontan al 24 de febrero de 1996, cuando aviones militares cubanos derribaron dos aeronaves civiles de Hermanos al Rescate, una organización integrada por exiliados cubanos con sede en Miami que realizaba operaciones de búsqueda y auxilio de personas que intentaban salir de la isla por mar.

En el ataque murieron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa y Mario de la Peña, ciudadanos estadounidenses, así como Pablo Morales, residente legal de Estados Unidos. Una tercera aeronave logró escapar del ataque.

La organización realizaba vuelos sobre el estrecho de Florida para localizar embarcaciones con migrantes cubanos y prestarles asistencia. El gobierno cubano había cuestionado sus actividades y las consideraba una provocación, mientras que sus integrantes sostenían que sus operaciones tenían fines humanitarios.

La investigación de Florida plantea que integrantes de una red de inteligencia cubana infiltrada en la organización recopilaron y transmitieron información sobre los vuelos y realizaron labores de vigilancia desde territorio estadounidense. Según la acusación, esos datos habrían contribuido a que las aeronaves fueran localizadas e interceptadas por cazas militares cubanos.

Raúl Castro se desempeñaba entonces como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Las autoridades estadounidenses buscan establecer su presunta participación en la planificación y ejecución de los hechos, una responsabilidad que deberá acreditarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.

Una nueva vía judicial en Florida

La orden estatal representa una vía judicial distinta de la acusación federal presentada previamente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En mayo de 2026, autoridades federales estadounidenses hicieron pública una acusación contra Raúl Castro y otros cinco exmilitares cubanos por cargos relacionados con el derribo de las aeronaves, entre ellos conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, asesinato y destrucción de aeronaves.

La investigación federal sostiene que el entonces ministro de las Fuerzas Armadas tuvo un papel en las decisiones que condujeron al ataque. La acusación también contempla la presunta participación de otros integrantes de la estructura militar cubana.

La nueva orden emitida en Florida se concentra en la presunta conspiración para cometer asesinato en primer grado y se sustenta en una investigación de las autoridades estatales. Por ello, no debe confundirse con una nueva detención ni con una sentencia derivada del expediente federal.

Ambos procedimientos se relacionan con los mismos hechos históricos, pero corresponden a jurisdicciones diferentes y siguen sus propias vías legales.

¿Qué sigue para Raúl Castro?

La orden de arresto abre la posibilidad de que las autoridades de Florida soliciten su detención si se encuentra en un lugar donde puedan ejecutar el mandamiento. No obstante, llevarlo ante un tribunal estadounidense representa un desafío debido a que permanece en Cuba.

Cualquier intento de trasladarlo a Estados Unidos tendría que considerar las circunstancias de su localización y los mecanismos legales aplicables. La orden, por sí sola, no garantiza su entrega ni establece una fecha para una eventual comparecencia.

El caso también tiene implicaciones políticas, pues se produce en un contexto de endurecimiento de la presión del gobierno del presidente Donald Trump sobre Cuba. La actuación judicial de Florida se suma a las acciones federales emprendidas durante el mismo año por el derribo de las avionetas.

A casi tres décadas de los hechos, las autoridades estadounidenses mantienen abiertas las vías judiciales para establecer responsabilidades por la muerte de los cuatro ocupantes de las aeronaves. Por ahora, la orden estatal constituye una medida de arresto y no una resolución definitiva sobre la culpabilidad de Raúl Castro.