Ciudad de México.- Jueces y magistrados denunciaron que enfrentan una presunta persecución tras haberse opuesto a la reforma judicial, señalando que los procedimientos en su contra no responden a actos de corrupción, sino a represalias por sus resoluciones.
De acuerdo con denuncias de juzgadores y su defensa legal, se han iniciado procesos disciplinarios contra quienes admitieron amparos o concedieron suspensiones relacionadas con la reforma, particularmente en casos vinculados a la disminución de salarios y cambios estructurales en el Poder Judicial.
El abogado Arturo Guerrero Zazueta, quien representa a varios de los afectados, indicó que existe un patrón en la apertura de estos procedimientos, los cuales —afirmó— se activaron de forma sistemática tras la separación de los jueces de sus cargos.
Además, señaló que muchas de las quejas fueron promovidas por autoridades de la Secretaría de Gobernación, tanto a nivel federal como en la Ciudad de México, lo que ha generado preocupación por un posible conflicto de interés en los procesos.
Los juzgadores advirtieron que las sanciones podrían incluir inhabilitaciones de hasta 10 años para ejercer cargos públicos, lo que consideran una medida desproporcionada y dirigida a inhibir decisiones judiciales contrarias a la reforma.
Ante este escenario, anunciaron que llevarán el caso ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU, al considerar que existe un deterioro en la independencia judicial en México.
El conflicto se da en el contexto de la polémica reforma judicial, que ha generado tensiones entre el gobierno y sectores del Poder Judicial, así como críticas de organismos nacionales e internacionales sobre sus posibles implicaciones en el equilibrio de poderes.
