La incertidumbre rodea al senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez, quien permanece sin aparecer públicamente y sin solicitar licencia a su cargo en el Senado, luego de ser señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con reportes legislativos, la última vez que se le vio fue el pasado 29 de abril, cuando asistió a sesión, pasó lista y participó en una reunión interna de su bancada. Sin embargo, tras darse a conocer las acusaciones en su contra, abandonó el recinto y desde entonces se desconoce su paradero.

A diferencia de otros implicados en el mismo caso —como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya— que han solicitado licencia para enfrentar el proceso, Inzunza no ha realizado ningún trámite formal para separarse de su escaño, lo que ha generado cuestionamientos dentro del ámbito político.

El senador forma parte del grupo de funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que los vincula con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como “Los Chapitos”. Las imputaciones incluyen presunta colaboración con actividades de narcotráfico, protección a operaciones criminales y recepción de sobornos.

Según las investigaciones estadounidenses, varios funcionarios habrían facilitado el tráfico de drogas hacia territorio norteamericano, lo que derivó en solicitudes de detención y extradición. No obstante, el gobierno mexicano ha señalado que no existen pruebas suficientes para proceder legalmente en el país, lo que ha abierto un frente de tensión diplomática entre ambas naciones.

Antes de desaparecer del radar público, Inzunza rechazó las acusaciones mediante mensajes en redes sociales, calificándolas como una “infamia” y atribuyéndolas a intereses políticos.

El caso ha escalado rápidamente, no solo por la gravedad de las imputaciones, sino por el impacto político que representa: Inzunza era considerado una figura clave dentro de Morena y un posible aspirante a la gubernatura de Sinaloa en próximos procesos electorales.

Mientras tanto, su ausencia y la falta de una postura institucional clara mantienen abiertas las interrogantes sobre su situación legal y política, en un escándalo que continúa evolucionando y que ya sacude la relación entre México y Estados Unidos.