Informes castrenses documentaron vínculos entre autoridades y crimen organizado años antes del Operativo Enjambre

Ciudad de México; 5 de junio de 2026.- Informes de inteligencia militar elaborados desde 2019 ya advertían sobre la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales y estructuras políticas de Morelos, un fenómeno que hoy salió a la luz con las detenciones derivadas del llamado Operativo Enjambre.

De acuerdo con reportes internos de las Fuerzas Armadas, las autoridades federales tenían identificados desde hace varios años a funcionarios y actores políticos presuntamente vinculados con grupos criminales, así como las redes de protección institucional que operaban en la entidad.

Los documentos señalaban estructuras completas de complicidad entre autoridades locales y organizaciones delictivas, particularmente en municipios estratégicos donde operan células ligadas a cárteles como el de Sinaloa y grupos regionales.

Sin embargo, pese a esta información, las acciones contundentes se concretaron hasta años después, cuando el gobierno federal desplegó el Operativo Enjambre, que ha derivado en la detención de alcaldes, exfuncionarios y servidores públicos acusados de delitos como extorsión, corrupción y nexos con el crimen organizado.

El operativo, que forma parte de una estrategia nacional contra la infiltración criminal en gobiernos locales, ha dejado decenas de detenidos, incluidos presidentes municipales en funciones y miembros de estructuras administrativas completas en Morelos.

Casos recientes, como la detención del alcalde de Cuautla tras permanecer prófugo, evidencian el alcance de la red investigada, la cual operaba mediante esquemas de extorsión y control territorial en beneficio de organizaciones delictivas.

Especialistas advierten que el retraso en la implementación de acciones permitió la consolidación de estas redes, lo que facilitó que el crimen organizado penetrara profundamente en instituciones locales, afectando la seguridad y la vida pública en la entidad.

Además, los reportes militares ya documentaban disputas entre grupos criminales como el CJNG, Los Rojos y otras células regionales, así como el papel de autoridades que presuntamente brindaban protección o facilitaban operaciones ilícitas.

El caso de Morelos abre nuevamente el debate sobre el uso de la inteligencia en materia de seguridad, la capacidad de reacción del Estado y la falta de acciones oportunas frente a alertas tempranas que pudieron contener la expansión del fenómeno de la narcopolítica.

Con el Operativo Enjambre en marcha, el gobierno federal busca desarticular estas redes, aunque persisten cuestionamientos sobre por qué las advertencias documentadas desde hace años no derivaron en intervenciones más tempranas.