La medida reduce la transparencia sobre fallecimientos de migrantes bajo custodia o supervisión migratoria en Estados Unidos

Washington, D.C.; 5 de junio de 2026.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) dejará de reportar públicamente las muertes de personas migrantes que hayan sido liberadas recientemente de centros de detención, una decisión que ha generado críticas por limitar la transparencia en torno al sistema migratorio.

De acuerdo con la nueva política, la agencia ya no incluirá en sus informes oficiales los fallecimientos ocurridos después de que los migrantes hayan sido excarcelados, aun cuando estos hubieran estado bajo custodia o supervisión del propio ICE poco antes de su muerte.

Hasta ahora, la práctica contemplaba reportar algunos de estos casos como parte de un seguimiento más amplio de las condiciones en detención migratoria. Sin embargo, con el cambio, únicamente se documentarán los decesos ocurridos directamente dentro de centros de detención activos.

Organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que esta modificación podría dificultar el monitoreo de posibles negligencias médicas, condiciones inadecuadas o consecuencias derivadas del tiempo que los migrantes permanecieron bajo custodia.

Asimismo, señalaron que muchos de los fallecimientos posteriores a la liberación pueden estar relacionados con problemas de salud no atendidos o agravados durante la detención, por lo que excluirlos de los reportes oficiales reduce la rendición de cuentas.

Por su parte, autoridades migratorias argumentan que la medida busca delimitar con mayor precisión los casos que ocurren bajo responsabilidad directa del ICE, aunque no detallaron mecanismos alternativos para dar seguimiento a los migrantes liberados.

El cambio se da en un contexto de creciente escrutinio sobre las condiciones en centros de detención migratoria en Estados Unidos, donde organizaciones civiles han documentado casos de hacinamiento, falta de atención médica y denuncias por trato inadecuado.

La decisión abre un nuevo debate sobre los estándares de transparencia en el sistema migratorio estadounidense y el alcance de la responsabilidad institucional sobre las personas migrantes más allá del periodo formal de detención.