Una penalización de más de 4.5 millones de pesos impuesta a dos empresas por retrasarse en la entrega de urnas y mamparas para la elección judicial de 2025 terminó reducida a poco menos de 26 mil pesos. La modificación ocurrió durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) y ahora forma parte de los cuestionamientos sobre las contrataciones del organismo.

Las compañías beneficiadas fueron Cajas Graf y TOL Producciones, vinculadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas. Ambas habían obtenido un contrato por 198 millones 738 mil pesos para suministrar materiales electorales.

De acuerdo con la información publicada por Agencia Reforma, el INE había determinado inicialmente una sanción de 4 millones 581 mil 46 pesos debido al incumplimiento de los plazos de entrega. Sin embargo, el 19 de junio de 2025, el monto fue ajustado a 25 mil 893 pesos, lo que representó una reducción de aproximadamente 99.4%.

La modificación fue autorizada por Mario Burciaga, quien ocupaba entonces una posición en el área administrativa del instituto y asumió funciones relacionadas con la revisión de contratos y procedimientos de adquisición.

El contrato para la compra de urnas y mamparas se asignó después de que el INE declaró desierta una licitación en la que participaron ocho empresas.

La investigación periodística señala que tres de las compañías participantes estaban relacionadas con el mismo grupo familiar del proveedor José Alfredo Hernández Casillas. Después de que el concurso fue declarado desierto bajo el argumento de que ninguna propuesta cumplía con todos los requisitos técnicos, el instituto recurrió a la adjudicación directa.

De esta manera, Cajas Graf y TOL Producciones obtuvieron el contrato destinado al suministro de materiales para la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación.

El procedimiento ha generado cuestionamientos debido a los vínculos entre las empresas participantes y a las condiciones bajo las cuales se realizó la contratación. Estos señalamientos, sin embargo, deben distinguirse de una resolución definitiva que determine responsabilidades administrativas o penales.

La sanción se redujo después del incumplimiento

Uno de los puntos centrales del caso es la modificación de la penalización aplicada a las compañías por los retrasos en el servicio.

La sanción original ascendía a 4 millones 581 mil 46 pesos. Posteriormente, el área administrativa del INE determinó reducirla a 25 mil 893 pesos, con el argumento de que el retraso en la entrega de 132 mil 745 piezas no había afectado el Programa Nacional de Distribución de los materiales electorales.

El documento citado en la investigación periodística refiere que el área responsable consideró acreditado un supuesto de caso fortuito para justificar el ajuste.

La diferencia entre ambos montos supera los 4.5 millones de pesos. La decisión abrió interrogantes sobre los criterios utilizados para disminuir la penalización y los funcionarios que intervinieron en su autorización.

Contraloría investiga contratos relacionados con el proveedor

Los cuestionamientos no se limitan a la multa. Durante una comparecencia ante legisladores, el contralor del INE, Víctor Hugo Cervantes, confirmó la apertura de una investigación sobre las contrataciones señaladas.

Entre los aspectos bajo revisión se encuentran las excepciones aplicadas durante el procedimiento de adquisición, la capacidad operativa de las empresas y las condiciones en que se otorgó el contrato.

También se reportaron otros dos contratos con posibles anomalías, por 3.5 millones y 1.3 millones de pesos, respectivamente, relacionados con decisiones administrativas del organismo.

A estos señalamientos se sumó la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que el 23 de octubre informó que había identificado indicios de posibles irregularidades en contratos, conflictos de interés y triangulación de recursos dentro del INE.

La auditoría señaló que sus hallazgos requerían seguimiento, sin que ello equivalga por sí mismo a una determinación definitiva de responsabilidades.

Una red empresarial con contratos millonarios

El caso también puso atención sobre la trayectoria del empresario José Alfredo Hernández Casillas y las compañías relacionadas con él.

De acuerdo con datos del Órgano Interno de Control del INE citados en la investigación, una red de empresas vinculadas con el proveedor acumuló al menos 2 mil 561 millones de pesos en contratos con Organismos Públicos Locales Electorales durante un periodo de 12 años.

El 77% de ese monto se habría concentrado en los últimos cinco años del periodo revisado.

Entre las compañías mencionadas aparecen Cajas Graf, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México. La información refiere vínculos entre accionistas, representantes y apoderados legales de distintas firmas.

Los montos corresponden a contrataciones acumuladas con organismos electorales locales durante varios años y no exclusivamente a contratos otorgados por el INE durante la presidencia de Guadalupe Taddei.

Las preguntas que siguen pendientes

La reducción de la multa y la adjudicación directa del contrato colocan bajo revisión las decisiones administrativas que permitieron la contratación y modificaron la penalización.

Entre los puntos que deberán esclarecerse están los fundamentos para reducir la sanción, la intervención de los funcionarios responsables, las condiciones de participación de las empresas y la existencia de posibles conflictos de interés.

Por ahora, la apertura de investigaciones y los indicios reportados por las autoridades fiscalizadoras no representan una sentencia ni prueban por sí solos la comisión de un delito. El esclarecimiento dependerá de los resultados de las revisiones y de las determinaciones de las instancias competentes.