El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen las presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción señalados durante la gestión de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del organismo.

La presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, informó que las diez consejerías acordaron que sus respectivos equipos jurídicos preparen la denuncia, con la intención de presentarla a más tardar este miércoles 4 de noviembre.

Cruz explicó que el objetivo es que la Fiscalía determine si existen responsabilidades penales y establezca quiénes pudieron estar involucrados, sin limitar las indagatorias a una sola persona.

“Las 10 consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades de a quien corresponda”, señaló.

Al ser cuestionada sobre si las investigaciones podrían incluir a Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del INE el pasado 26 de octubre, la funcionaria confirmó que el alcance contempla a cualquier persona que haya trabajado o que actualmente labore en el instituto.

Esto incluye a quienes ocuparon cargos en la Secretaría Ejecutiva, direcciones, subdirecciones y otras áreas administrativas, siempre que existan elementos que ameriten una investigación.

La presidenta provisional precisó que el INE no presentará una lista preliminar de personas señaladas, pues corresponderá a la FGR determinar las posibles responsabilidades a partir de la información que reciba.

Los señalamientos que motivaron esta decisión están relacionados con presuntas irregularidades en contrataciones y asignaciones de contratos a empresas proveedoras durante la administración de Taddei, en un contexto de cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y vínculos con empresarios.

Entre los contratos bajo escrutinio se encuentran operaciones que, de acuerdo con reportes periodísticos, superarían los mil 800 millones de pesos.

Además de la intervención de la Fiscalía, el caso se encuentra bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano Interno de Control (OIC) del INE. Cruz aseguró que el instituto facilitará la documentación y colaborará con las revisiones correspondientes.

La decisión de las diez consejerías abre una nueva etapa en el caso, que pasó de los señalamientos públicos y las revisiones administrativas a la preparación de una denuncia para que la autoridad ministerial determine si hubo conductas constitutivas de delito.

Hasta el momento, las acusaciones son señalamientos que deberán ser investigados y cuya eventual responsabilidad tendrá que ser determinada por las autoridades competentes.