Representantes de partidos de oposición ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) de Sonora denunciaron la presunta existencia de una red de funcionarios y personas relacionadas laboral, política y familiarmente con Guadalupe Taddei, a quienes acusaron de buscar favorecer a Morena rumbo a las elecciones de 2027.
Durante sus señalamientos, representantes del PRI, PAN, PRD y SOMOS calificaron a esta supuesta estructura como un “cártel electoral de Sonora”. Entre las personas mencionadas se encuentra Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) y actual secretario particular del gobernador Alfonso Durazo.
Víctor Ramírez, representante del PAN ante el organismo electoral estatal, sostuvo que los perfiles señalados habrían mantenido relaciones profesionales de subordinación, así como vínculos personales y de amistad. Desde su perspectiva, estas conexiones podrían comprometer la imparcialidad de las instituciones encargadas de organizar y vigilar los procesos electorales.
“Todos y cada uno de ellos tuvieron relaciones profesionales de supra a subordinación, y relaciones personales y de amistad; están trabajando en pro de tener una elección acomodada y con favoritismos hacia Morena”, afirmó.
Entre los nombres expuestos por los representantes partidistas figuran Marisa Arlene Cabral Porchas, vocal ejecutiva del INE en Sonora; María de los Ángeles Cabral Porchas, funcionaria de la Presidencia del Consejo del INE; Jorge Luis Taddei Bringas, primo de Guadalupe Taddei, y Luis Rogelio Piñeda Taddei.
También incluyeron al presidente del IEE Sonora, Nery Ruiz Arvizu; a los consejeros electorales Jaime Olea Miranda, Flor Terecita Barceló Noriega y Wilfredo Román Morales Silva; así como a Alejandra Velarde Félix, magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral, y Aurora Guadalupe Gutiérrez Ramírez, secretaria general en funciones de magistrada.
Ramírez planteó que las personas señaladas deben separarse de sus cargos y ser investigadas, al considerar que sus presuntos vínculos podrían representar conflictos de interés. Los señalamientos también alcanzaron a la vocal ejecutiva del INE en Sonora y a integrantes del órgano electoral estatal.
La controversia se suma a las exigencias de partidos de oposición para revisar contratos y nombramientos relacionados con la gestión de Guadalupe Taddei en el ámbito electoral sonorense.
El PRI, por separado, ha cuestionado adjudicaciones de material electoral realizadas entre 2017 y 2025 y solicitado revisar operaciones por alrededor de 156.8 millones de pesos. El consejero presidente del IEE, Nery Ruiz Arvizu, ha rechazado que exista una razón jurídica para separarlo del cargo y ha defendido la legalidad de los procedimientos del instituto.
Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo defendió anteriormente el nombramiento de Luis Rogelio Piñeda como su secretario particular y sostuvo que su incorporación respondió a su preparación y experiencia profesional.
Las acusaciones presentadas por los partidos constituyen señalamientos políticos que deberán ser revisados por las instancias competentes; por sí mismas, no acreditan la existencia de una estructura ilegal ni responsabilidades de las personas mencionadas.



































