El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la propuesta de emitir lineamientos específicos para regular y fiscalizar los procesos políticos anticipados rumbo a las elecciones de 2027, una decisión que mantiene abierto el debate sobre cómo vigilar los gastos de recorridos, eventos, propaganda y actividades de posicionamiento político antes del inicio formal de las precampañas.

La propuesta buscaba establecer mecanismos para identificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos utilizados en estos procesos, con el objetivo de que determinados gastos pudieran contabilizarse dentro de los topes correspondientes si posteriormente se acreditaba que las actividades constituían actos anticipados de precampaña o campaña.

El proyecto fue rechazado por mayoría durante una sesión del Consejo General. Las consejerías que se opusieron señalaron que el documento requería un análisis técnico y jurídico más amplio y cuestionaron los alcances de las disposiciones planteadas, así como su relación con las atribuciones que ya contempla la legislación electoral.

La iniciativa fue impulsada por las consejerías Carla Humphrey Jordan, Arturo Castillo Loza y Martín Faz Mora, quienes argumentaron que las actividades de posicionamiento político se han extendido mediante recorridos territoriales, reuniones, encuestas, traslados, publicidad y difusión en plataformas digitales.

Desde esa perspectiva, contar con reglas específicas permitiría revisar oportunamente los recursos destinados a esas actividades y determinar si, en caso de acreditarse infracciones electorales, los gastos debían considerarse para efectos de los límites establecidos por la ley.

Uno de los argumentos a favor fue que esperar hasta la revisión ordinaria de los recursos partidistas podría retrasar la detección de posibles irregularidades. En ese escenario, las conclusiones podrían conocerse después de las elecciones, cuando ya no sería posible corregir sus efectos sobre la equidad de la contienda.

Los promotores de la propuesta sostuvieron que los lineamientos no implicaban declarar ilegales todos los procesos políticos anticipados, sino establecer mecanismos para conocer y revisar los recursos empleados en ellos.

Consejerías cuestionan el alcance de los lineamientos

Entre las objeciones planteadas durante la discusión estuvo la posibilidad de que el proyecto rebasara las facultades del INE o estableciera obligaciones que no contaban con suficiente sustento jurídico.

También se señaló que la autoridad electoral ya dispone de procedimientos para investigar posibles actos anticipados de precampaña y campaña, por lo que la creación de reglas adicionales debía justificarse con claridad y evitar contradicciones con las disposiciones vigentes.

Otro de los puntos discutidos fue la necesidad de preservar la certeza jurídica y evitar que nuevas reglas se aplicaran de manera retroactiva a actividades realizadas antes de su eventual entrada en vigor.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, defendió la necesidad de revisar con mayor profundidad los alcances del proyecto y cuestionó la forma en que se había desarrollado el proceso de construcción de la propuesta, al considerar importante fortalecer el trabajo colegiado entre las consejerías.

El INE mantiene sus facultades de fiscalización

El rechazo de los lineamientos no significa que el Instituto haya perdido sus facultades para investigar o fiscalizar recursos relacionados con actividades políticas.

El propio INE sostuvo que conserva sus atribuciones de vigilancia, investigación y fiscalización conforme al marco jurídico vigente. Las posibles infracciones pueden ser investigadas mediante las vías legales correspondientes, aunque la discusión sobre la creación de reglas específicas para estos procesos continúa abierta.

La diferencia central radica en si resulta necesario establecer lineamientos adicionales para revisar de manera anticipada los gastos de posicionamiento político o si las herramientas actuales son suficientes para atender posibles irregularidades.

La discusión rumbo a las elecciones de 2027

El tema adquiere relevancia debido a que el proceso electoral 2026-2027 ya comenzó formalmente y los partidos políticos mantienen actividades relacionadas con la definición de perfiles y liderazgos para las próximas contiendas.

La falta de aprobación de este proyecto deja pendiente la adopción de un mecanismo específico de fiscalización para los llamados procesos políticos anticipados. Sin embargo, no elimina las restricciones legales contra los actos anticipados de precampaña o campaña ni impide que las autoridades investiguen conductas que pudieran infringir la normativa electoral.

El debate continuará centrado en cómo garantizar condiciones equitativas para las fuerzas políticas, transparentar el origen y destino de los recursos y establecer límites claros para las actividades de posicionamiento antes de los periodos oficiales de precampaña y campaña.