Las condiciones de seguridad y operación del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, ya habían sido objeto de observaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) antes de los enfrentamientos registrados los días 8 y 9 de octubre, que dejaron un saldo de 12 personas fallecidas, entre ellas un niño de dos años que se encontraba de visita.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, cuyos resultados se dieron a conocer el 7 de octubre, asignó al penal una calificación de 5.25 sobre 10. El documento identificó problemas en distintos rubros relacionados con la seguridad, la gobernabilidad y las condiciones de estancia de las personas privadas de la libertad.

Entre las deficiencias señaladas se encuentran la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, la presencia de actividades ilícitas, la falta de capacitación del personal penitenciario y la ausencia de programas suficientes para prevenir y atender incidentes violentos.

Las observaciones adquirieron especial relevancia después de que el centro penitenciario fuera escenario de dos episodios de violencia consecutivos, con armas de fuego involucradas y víctimas mortales.

El primer enfrentamiento ocurrió el jueves 8 de octubre, durante el horario de visita familiar. El saldo fue de nueve internos fallecidos y un niño de dos años que había acudido al lugar para visitar a un familiar. Además, se reportaron 16 personas privadas de la libertad lesionadas.

Menos de 24 horas después, el viernes 9 de octubre, se registró una nueva riña dentro del mismo centro penitenciario, que dejó otros dos internos muertos. Con este segundo episodio, la cifra acumulada de fallecidos ascendió a 12.

Las deficiencias documentadas por la CNDH

La evaluación del penal El Castillo no se limitó a las condiciones de vigilancia. El diagnóstico también detectó deficiencias en los servicios de salud, la higiene de las instalaciones, la separación entre hombres y mujeres y los mecanismos para prevenir posibles violaciones a los derechos humanos.

En materia de gobernabilidad, el organismo señaló problemas relacionados con la capacitación del personal, los procedimientos disciplinarios y la falta de normatividad para regir el funcionamiento del centro.

También identificó carencias en los programas de prevención y atención de incidentes violentos, así como dificultades en los mecanismos para presentar quejas por posibles vulneraciones de derechos humanos.

El informe incluyó observaciones sobre los procesos de clasificación de las personas privadas de la libertad, la separación entre quienes están procesados y quienes ya recibieron sentencia, y la organización de actividades orientadas a la reinserción social.

Después de los enfrentamientos, las autoridades estatales y federales desplegaron un operativo de seguridad en las instalaciones. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias en las que se produjeron las muertes.

La presencia de armas de fuego dentro del centro penitenciario también abrió interrogantes sobre los mecanismos de revisión y control de acceso. La fiscalía informó sobre el aseguramiento de armas cortas y largas, mientras que los dos internos fallecidos en la segunda riña fueron atacados con arma corta, de acuerdo con las declaraciones oficiales difundidas sobre el caso.

Las autoridades deberán establecer cómo ingresaron las armas, si existieron fallas en los protocolos de vigilancia y si hubo participación o responsabilidad de personal penitenciario.

Un antecedente que pone el foco en el sistema penitenciario

La calificación de 5.25 otorgada a El Castillo representa un antecedente relevante para examinar las condiciones en las que operaba el centro antes de los hechos violentos. Sin embargo, el diagnóstico no demuestra por sí mismo que las deficiencias detectadas hayan provocado los enfrentamientos o las muertes.

Esa relación deberá esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes y la revisión de los protocolos aplicados dentro del penal.

La sucesión de hechos ha colocado bajo escrutinio las condiciones de seguridad, la capacidad de prevención de conflictos y los mecanismos de supervisión penitenciaria en Sinaloa. La atención ahora se concentra en determinar las responsabilidades por las muertes y en conocer qué medidas se adoptarán para corregir las deficiencias documentadas.