La estrategia de seguridad federal en Sinaloa entra en una nueva fase tras la salida temporal del gobernador Rubén Rocha Moya, en medio de una crisis política y de seguridad que ha colocado al estado en el centro de la agenda nacional.

Desde Culiacán, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció un reforzamiento integral de las acciones para contener la violencia, con énfasis en el fortalecimiento de la policía estatal y la coordinación con fuerzas federales.

El funcionario detalló que se han entregado al menos 100 patrullas y que los elementos estatales recibirán capacitación directa por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de un plan para mejorar su capacidad operativa y respuesta en campo.

Además, subrayó que la administración federal mantendrá presencia permanente en el estado, con operativos coordinados entre los tres niveles de gobierno, seguimiento diario y despliegue territorial para recuperar la seguridad en la entidad.

Este rediseño de la estrategia ocurre en un contexto extraordinario: la licencia solicitada por Rocha Moya para separarse del cargo y enfrentar investigaciones derivadas de acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Tras su salida, la administración estatal quedó en manos de la gobernadora interina Yeraldine Bonilla, quien ha sostenido reuniones con el Gabinete de Seguridad para garantizar la continuidad institucional y la implementación del nuevo plan.

El caso ha escalado a nivel internacional. El gobierno de Estados Unidos acusa al mandatario con licencia y a otros funcionarios de colaborar con el Cártel de Sinaloa, incluyendo supuestos apoyos durante su campaña electoral. Sin embargo, el gobierno mexicano ha exigido pruebas y ha cuestionado la urgencia de las solicitudes judiciales, defendiendo la soberanía nacional y el debido proceso.

En este escenario, el gobierno federal busca enviar un mensaje de control institucional: Sinaloa no quedará a la deriva. La estrategia anunciada apunta no solo a contener la violencia inmediata, sino a construir condiciones de “paz duradera”, en una de las entidades más golpeadas por el crimen organizado en el país.