El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, reconoció que existen casos documentados de medicamentos sustraídos de hospitales y centros de salud públicos para venderlos ilegalmente, incluso afuera de las propias unidades médicas.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, este martes 20 de octubre, el funcionario explicó que las autoridades tienen conocimiento de casos de desvío de fármacos que deberían entregarse gratuitamente a los pacientes. Añadió que otros casos requieren investigaciones más detalladas para establecer cómo ocurrieron y quiénes son los responsables.

Clark señaló que esta práctica resulta especialmente grave cuando una persona no encuentra el medicamento que necesita en una unidad pública y después se lo ofrecen a cambio de dinero fuera del hospital. También aclaró que el reconocimiento de estas irregularidades no significa que el personal médico y de enfermería sea responsable, en general, del desabasto.

El subsecretario sostuvo que hay personas que participan en estas conductas y que el Gobierno debe cerrar los espacios que permiten que los medicamentos destinados a la atención gratuita terminen en el comercio ilegal.

Entre las medidas planteadas por las autoridades está hacer más visible en los empaques que los medicamentos son gratuitos y pertenecen al sector público. La identificación incluirá la leyenda “La salud es un derecho. Medicamento gratuito”, con el propósito de facilitar que los pacientes reconozcan los productos que no deberían venderse.

Clark pidió a la ciudadanía denunciar si detecta medicamentos con esa identificación en tianguis, farmacias privadas u otros puntos de venta. La presencia de estos productos fuera del circuito público puede ser un indicio de una posible sustracción y debe ser investigada por las autoridades.

Otra de las acciones anunciadas consiste en avanzar en la transformación digital del sistema de salud para mejorar el seguimiento de los medicamentos desde su adquisición y distribución hasta su entrega a los pacientes.

De acuerdo con Clark, la trazabilidad permitirá conocer los lotes, su procedencia y, en casos de fármacos de alto costo, identificar a quién fueron entregados y por qué podrían encontrarse fuera de una unidad médica pública.

El objetivo es reforzar los controles sobre los inventarios y la distribución, detectar posibles irregularidades y reducir las oportunidades de que medicamentos adquiridos con recursos públicos sean desviados para su comercialización.

El reconocimiento del subsecretario pone sobre la mesa un problema que afecta directamente a quienes dependen del suministro gratuito de tratamientos. Las autoridades deberán investigar los casos detectados y fortalecer los mecanismos de control para evitar que los medicamentos destinados a atender a la población terminen en el mercado ilegal.