El Gobierno de México proyecta construir seis nuevos centros penitenciarios con capacidad conjunta para más de 18 mil personas privadas de la libertad, como parte de las acciones para atender la sobrepoblación carcelaria y mejorar las condiciones de seguridad en el sistema penitenciario, informó este martes 13 de octubre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
El anuncio se produce días después de los hechos violentos registrados en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, donde dos enfrentamientos entre internos dejaron un saldo de 12 personas muertas, entre ellas un niño de dos años que se encontraba en el lugar durante una visita familiar.
La situación en Mazatlán volvió a poner bajo escrutinio las condiciones de seguridad al interior de las prisiones, así como la capacidad de las autoridades para impedir el ingreso de armas, contener disputas entre grupos rivales y mantener el control de las instalaciones.
La ampliación de la infraestructura penitenciaria busca generar nuevos espacios para la población recluida y reducir la presión sobre los centros que enfrentan problemas de capacidad. Sin embargo, el número de lugares disponibles no es el único factor que determina las condiciones de seguridad dentro de una cárcel.
Uno de los principales desafíos consiste en garantizar que los nuevos complejos cuenten con suficiente personal de custodia, protocolos de vigilancia, controles de acceso y mecanismos para detectar objetos prohibidos. También será relevante evitar que las disputas entre organizaciones criminales se trasladen a las nuevas instalaciones.
El caso de El Castillo ilustra la complejidad del problema. Tras los enfrentamientos, García Harfuch anunció que el Gobierno federal construiría un nuevo penal en Sinaloa, con recursos federales, y que mientras se concreta el proyecto se reforzaría la vigilancia de la prisión con elementos de la Guardia Nacional y personal penitenciario federal.
La construcción de nuevos centros puede contribuir a distribuir a la población penitenciaria y mejorar las condiciones físicas de reclusión. No obstante, para determinar si la medida tendrá un efecto sostenido será necesario conocer dónde se edificarán las instalaciones, cuándo comenzarán las obras, cuánto costarán y qué recursos se destinarán a su operación.
También será importante que las autoridades informen cómo se asignarán los espacios, qué medidas se aplicarán para prevenir la corrupción y el ingreso de armas, y de qué manera se garantizará el control institucional sobre los internos.
Por ahora, el anuncio de seis centros con capacidad para más de 18 mil personas representa una apuesta por ampliar la infraestructura penitenciaria. Su impacto en la sobrepoblación y la violencia dependerá no solamente de cuántos lugares se construyan, sino de las condiciones de seguridad, vigilancia y administración con las que operen.
