El expresidente Vicente Fox salió en defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al asegurar que enfrenta un proceso injusto y que no es un “huachicolero”, sino un “preso político”, en medio de las acusaciones que lo vinculan con una presunta red de contrabando de combustible.

A través de posicionamientos públicos, Fox cuestionó la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) y sostuvo que el proceso contra Ruffo tiene tintes políticos. El exmandatario panista destacó la trayectoria de su correligionario, a quien calificó como un hombre íntegro, y señaló que su encarcelamiento responde más a intereses políticos que a la comisión de delitos.

Ruffo Appel, quien en 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición en derrotar al PRI, fue detenido en 2026 tras una investigación federal que lo vincula con una red de “huachicol fiscal”, es decir, el contrabando y evasión de impuestos en la comercialización de combustibles.

De acuerdo con las autoridades, el exmandatario estaría relacionado con la empresa Ingemar, señalada por participar en operaciones ilegales que habrían permitido la introducción de millones de litros de gasolina y diésel al país bajo esquemas fraudulentos.

Como parte del proceso judicial, un juez determinó prisión preventiva para Ruffo y otros implicados, quienes enfrentan cargos por delincuencia organizada y contrabando.

El caso ha generado un fuerte debate en el ámbito político nacional. Mientras la Fiscalía sostiene que se trata de una investigación sustentada en pruebas y resultado de más de un año de indagatorias, actores de la oposición han denunciado un posible uso selectivo de la justicia.

Diversas voces del Partido Acción Nacional (PAN), incluyendo exgobernadores, han cerrado filas en torno a Ruffo, argumentando que el proceso debe garantizar el debido proceso y evitar cualquier sesgo político.

En contraste, el gobierno federal ha negado que exista persecución política y ha insistido en que las investigaciones contra redes de huachicol fiscal forman parte de una estrategia más amplia para combatir delitos financieros y contrabando de combustibles, considerados una de las principales fuentes de corrupción en el país.

El caso de Ernesto Ruffo se ha convertido así en un punto de tensión entre gobierno y oposición, en un contexto donde el combate a la corrupción y la credibilidad de las instituciones de justicia se encuentran bajo constante escrutinio.