El sistema de procuración de justicia en México enfrenta un rezago crítico: la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales acumulan más de 4.7 millones de carpetas de investigación, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia y un informe de la organización civil Causa en Común.
Tan solo al cierre de 2024, se reportaron más de 2.1 millones de investigaciones pendientes de resolución, una cifra que, sumada a los nuevos casos iniciados durante ese año, refleja la magnitud del problema en el país.
El informe advierte que las condiciones laborales y la falta de personal han provocado una sobrecarga extrema en las fiscalías. En promedio, cada agente del Ministerio Público atiende 258 carpetas de investigación simultáneamente.
En algunos estados, la situación es aún más crítica:
- Jalisco: hasta 896 carpetas por agente
- Aguascalientes: 724
- Baja California: 550
La organización calificó estas cargas como “absurdas” y advirtió que limitan seriamente la capacidad de investigar delitos de manera efectiva.
A pesar del alto número de expedientes, solo una minoría logra avanzar hacia procesos judiciales. De acuerdo con cifras oficiales, apenas el 15% de las carpetas determinadas derivan en el ejercicio de la acción penal.
En contraste, un porcentaje significativo de casos termina archivado temporalmente o resuelto por vías administrativas, lo que contribuye a los niveles de impunidad en el país.
El diagnóstico de Causa en Común también señala deficiencias estructurales dentro de las fiscalías, como bajos salarios, falta de prestaciones y escasez de personal capacitado.
Entre los datos más relevantes:
- Solo cerca del 30% del personal cuenta con seguro de vida
- Apenas el 21% tiene acceso a seguro de retiro
- Un número reducido de fiscalías cuenta con servicio profesional de carrera
Además, la información disponible sobre el personal es limitada e inconsistente, lo que dificulta evaluar con precisión la capacidad institucional.
Especialistas advierten que esta situación no solo refleja fallas operativas, sino una crisis estructural que afecta directamente el acceso a la justicia.
El rezago en las investigaciones, la sobrecarga laboral y la falta de recursos generan un entorno propicio para la impunidad y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de procurar justicia.
El informe concluye que es urgente fortalecer las fiscalías mediante mayor inversión, profesionalización del personal y mejores condiciones laborales para revertir la crisis.
