La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México salió a aclarar el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de la polémica generada por sus declaraciones sobre una supuesta persecución política en su contra.

En medio del ruido político, la autoridad capitalina aseguró que no existe imputación ni delitos que perseguir, tras analizar el expediente relacionado con un citatorio que recibió la mandataria estatal. Según precisó, el documento corresponde únicamente a una notificación de audiencia y no implica responsabilidad penal.

La aclaración ocurre después de que Campos denunciara públicamente que “todo el aparato del poder federal” se había volcado en su contra, al señalar que el citatorio formaba parte de una estrategia para presionarla políticamente.

Sin embargo, la fiscalía indicó que el caso deriva de una denuncia presentada por el senador Javier Corral por un presunto intento de secuestro, misma que ya había sido revisada y en la que se determinó el no ejercicio de la acción penal al no encontrar elementos de delito.

El episodio ha elevado la tensión política entre Morena y el PAN, especialmente por el contexto del llamado “caso Chihuahua”, que involucra cuestionamientos sobre la actuación de autoridades estatales y la participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad.

Mientras la gobernadora insiste en que enfrenta una ofensiva política, la postura oficial busca desactivar la versión de una imputación penal. No obstante, el cruce de versiones ha dejado abierta la interpretación en la arena pública: ¿se trató de una denuncia sobredimensionada o de un intento de marcar agenda ante un tema sensible?

El caso sigue alimentando el choque entre oficialismo y oposición, en un momento donde la narrativa política pesa tanto como los hechos en la disputa por la opinión pública.