Ciudad de México.– El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado formalmente por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y colaboración con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, Rocha Moya figura entre diez funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntamente conspirar con líderes de la organización criminal conocida como “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa, para facilitar el ingreso de grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.
Las autoridades estadounidenses sostienen que, a cambio de protección política e institucional, los implicados habrían recibido sobornos y respaldo para mantener control territorial y operaciones de tráfico de drogas.
Incluso, la acusación señala que el ascenso político de Rocha Moya en 2021 habría contado con apoyo directo del grupo criminal mediante presiones e intimidación a rivales políticos, a cambio de brindar protección institucional al cártel.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que el caso forma parte de una investigación más amplia sobre corrupción y crimen organizado en México, particularmente en entidades con fuerte presencia del narcotráfico.
Hasta el momento, esta acusación representa una imputación formal y no una sentencia judicial, por lo que el proceso legal continúa en desarrollo. Se espera la postura oficial del Gobierno de México y del propio mandatario sinaloense ante estos señalamientos.
Entre los señalados por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York además del gobernador Rubén Rocha Moya, también figuran otros funcionarios y exfuncionarios de alto nivel en Sinaloa. La lista incluye al senador morenista Enrique Inzunza Cázarez; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; al exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez; así como a Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán, varios de ellos relacionados con áreas de seguridad, procuración de justicia y administración pública.
El caso ha generado fuerte impacto político a nivel nacional, al tratarse de uno de los señalamientos más graves contra un gobernador en funciones vinculado presuntamente con el crimen organizado.
