El gobierno de México acordó con empresarios gasolineros establecer un precio máximo de 28 pesos por litro de diésel; sin embargo, en distintas regiones del país el tope no se está respetando de manera uniforme.
La medida fue anunciada como una estrategia para contener el impacto del alza internacional de los combustibles, especialmente ante la presión generada por el conflicto en Medio Oriente, que ha encarecido los precios del petróleo a nivel global.
No obstante, reportes recientes indican que varias estaciones de servicio continúan vendiendo el diésel por encima del límite acordado, evidenciando dificultades para aplicar el control en todo el mercado.
El diésel es un insumo clave para el transporte de mercancías y la actividad productiva, por lo que cualquier incremento repercute directamente en los precios de bienes y servicios, afectando al consumidor final.
Aunque el gobierno ha señalado que mantendrá estímulos fiscales para sostener el precio, especialistas advierten que mientras persista la presión internacional, será complicado garantizar el cumplimiento total del tope.
El escenario deja ver una brecha entre la política anunciada y la realidad en el mercado, lo que mantiene la incertidumbre sobre el impacto real de la medida en la inflación y el bolsillo de los mexicanos.
