La reacción del gobierno mexicano encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum ante el reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) estaría basada en un “malentendido” del concepto jurídico de desaparición forzada, de acuerdo con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

La postura fue expuesta por Jimena Reyes, directora para las Américas de la organización, quien sostiene que el debate actual en México parte de una interpretación incorrecta sobre lo que implica este crimen en el derecho internacional, particularmente cuando se analiza la posible responsabilidad del Estado por acción, omisión o aquiescencia.

El señalamiento ocurre en medio de la controversia generada por el informe del CED, que concluyó que en México existen indicios de desapariciones forzadas con características de crímenes de lesa humanidad, lo que llevó al organismo a activar el artículo 34 de la Convención Internacional y escalar el caso ante la Asamblea General de la ONU.

“No se trata de declarar a México un Estado fallido”

De acuerdo con Reyes, el reconocimiento de estos estándares internacionales no implica catalogar al país como un Estado fallido, como ha sido interpretado en algunos sectores del gobierno mexicano, sino entender la complejidad del fenómeno.

La especialista explica que en México coexisten instituciones formales del Estado con estructuras del crimen organizado que operan con distintos niveles de infiltración o complicidad, lo que genera patrones de violencia sistemática difíciles de encuadrar únicamente como delincuencia común.

La FIDH advierte que uno de los principales problemas en el país es la persistente impunidad, ya que en muchos casos las investigaciones se limitan a los autores materiales, sin avanzar hacia posibles responsabilidades de mandos superiores o redes de protección institucional.

Además, señala que existen evidencias documentadas de colaboración o aquiescencia de autoridades locales en distintas entidades, lo que refuerza la necesidad de aplicar estándares del derecho penal internacional para analizar los casos.

El informe del CED ha generado un fuerte debate político. El gobierno de Sheinbaum ha rechazado sus conclusiones, al considerar que presentan debilidades metodológicas, utilizan datos desactualizados y no reflejan los avances institucionales recientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas.

Sin embargo, organizaciones internacionales y expertos en derechos humanos insisten en que la magnitud del fenómeno —con más de 130 mil personas desaparecidas registradas en el país— exige un análisis más amplio y una cooperación internacional reforzada.