La Fiscalía General de la República (FGR) determinó mantener bajo reserva, hasta el año 2031, la información relacionada con el interrogatorio realizado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el marco de la investigación en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La decisión implica que no se harán públicas las preguntas ni el contenido del cuestionario aplicado al mandatario estatal durante su comparecencia ante el Ministerio Público Federal en mayo pasado, como parte de una indagatoria que continúa en curso.
De acuerdo con la propia FGR, la reserva de esta información responde a la necesidad de proteger las líneas de investigación, ya que su difusión podría comprometer el desarrollo de las diligencias, así como la recopilación de pruebas para determinar posibles responsabilidades.
La institución argumentó que hacer públicos estos datos representa un “riesgo real”, al exponer elementos clave del caso, incluyendo estrategias ministeriales y posibles evidencias, lo que podría afectar el curso de la investigación e incluso la eventual acción penal.
Además, la fiscalía sostuvo que la confidencialidad también busca salvaguardar los derechos humanos de las personas involucradas, ya que la difusión del expediente podría vulnerar garantías legales tanto del imputado como de otros actores relacionados con el caso.
La medida fue avalada por el Comité de Transparencia de la FGR, que confirmó la clasificación de la información por un periodo de cinco años, o hasta que desaparezcan las causas que dieron origen a su reserva.
El caso de Rocha Moya ha cobrado relevancia nacional e internacional tras las acusaciones formuladas desde Estados Unidos, donde autoridades lo han señalado por presuntos vínculos con organizaciones criminales, lo que derivó en su comparecencia ante autoridades mexicanas.
En este contexto, reportes de otros medios señalan que el manejo reservado del expediente forma parte de una estrategia institucional más amplia que ha limitado el acceso público a información clave del caso, incluyendo comunicaciones y avances relacionados con las investigaciones.
Hasta el momento, no se ha informado sobre avances concretos en la carpeta de investigación ni sobre una posible judicialización del caso, por lo que la situación legal del gobernador con licencia permanece sin definirse.
La decisión de mantener en secreto el contenido del interrogatorio ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en un caso de alto impacto político, en el que persisten señalamientos y exigencias de esclarecimiento por parte de diversos sectores.
