La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que exista persecución política en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y aseguró que cuenta con al menos 96 datos de prueba que respaldan las acusaciones en su contra por presuntos delitos relacionados con el huachicol fiscal.
De acuerdo con la dependencia, las pruebas incluyen peritajes técnicos, análisis documentales e información de inteligencia financiera, con los que se busca acreditar su presunta participación en una red de contrabando de combustibles.
El exmandatario panista fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por delitos como delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, en un caso que forma parte de una investigación más amplia sobre redes de huachicol fiscal en México.
Según las indagatorias, estas redes operaban mediante la importación irregular de combustibles, declarando cargas como productos distintos para evadir impuestos, una práctica conocida como huachicol fiscal.
Las autoridades señalan que esta estructura habría movido cientos de millones de litros de gasolina y diésel en un periodo relativamente corto, generando pérdidas millonarias para el erario.
Ante versiones que apuntan a una posible motivación política en el caso, la FGR fue tajante: el proceso se sustenta en evidencia sólida y sigue los cauces legales correspondientes.
La institución subrayó que la integración de 96 pruebas forma parte de una investigación amplia que incluye la colaboración de distintas dependencias, como autoridades aduaneras y fiscales, para rastrear operaciones irregulares en el ingreso de combustibles al país.
El expediente de Ruffo no es aislado. Forma parte de varias investigaciones federales que han detectado redes interconectadas de contrabando de hidrocarburos, con participación de empresas, operadores logísticos y presuntos vínculos con funcionarios.
En los últimos meses, las autoridades han intensificado operativos contra este delito, incluyendo decomisos millonarios de combustible y procesos penales contra cientos de implicados.
El caso ha generado debate político y mediático, especialmente por tratarse de un exgobernador, mientras la FGR insiste en que se trata de un proceso judicial sustentado en pruebas y no en motivaciones partidistas.
En tanto, el avance de las investigaciones podría revelar nuevos implicados y dimensionar el alcance real de estas redes, consideradas una de las principales formas de evasión fiscal y contrabando en el país.
