La investigación contra Fernando Farías Laguna sumó nuevos elementos luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) detectara movimientos financieros, compras y operaciones que superan ampliamente sus ingresos oficiales como servidor público.
De acuerdo con el expediente federal, el excontralmirante realizó depósitos, pagos en efectivo, adquisiciones de propiedades, vehículos y aportaciones millonarias a seguros, lo que encendió alertas por posible enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Las autoridades documentaron que entre 2020 y 2024 el exfuncionario reportó ingresos por nómina cercanos a 1.7 millones de pesos; sin embargo, sus movimientos financieros alcanzaron más de 17 millones de pesos.
La diferencia detectada por la FGR supera los 5.6 millones de pesos, lo que, según el expediente, evidencia que “sus gastos rebasan sus percepciones como asalariado”.
Entre las operaciones señaladas se encuentran:
- Compra de propiedades y terrenos
- Adquisición de vehículos de alto valor
- Pagos en efectivo por montos elevados
- Cheques millonarios
- Aportaciones superiores a 11 millones de pesos en seguros de vida
- Estos hallazgos forman parte de una investigación más amplia en la que Farías Laguna es señalado por presuntos delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, corrupción y defraudación fiscal.
El caso está vinculado a una red de tráfico ilegal de hidrocarburos —conocida como “huachicol fiscal”— que operaba a través de estructuras institucionales y que ha sido considerada una de las investigaciones más relevantes en materia de corrupción reciente en México.
Farías Laguna fue detenido en Argentina tras permanecer prófugo desde 2025, lo que permitió a las autoridades avanzar en el análisis de su patrimonio y operaciones financieras.
Su captura abrió una nueva etapa en el caso, que también involucra a su hermano, actualmente preso en México por delitos relacionados con la misma red.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las operaciones financieras y posibles vínculos con otras personas o estructuras, mientras la FGR integra más pruebas para sustentar las acusaciones.
El caso ha puesto bajo la lupa el manejo de recursos dentro de instituciones de seguridad y el alcance de las redes de corrupción vinculadas al robo de combustible en el país.
