La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar a alrededor de 50 funcionarios del estado de Chihuahua como parte de las investigaciones por un operativo antidrogas en el que habrían participado presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sin autorización oficial.
El fiscal especial de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, informó que las comparecencias buscan esclarecer la posible comisión de delitos relacionados con la seguridad nacional, ante la presencia de personal extranjero en acciones operativas dentro del territorio mexicano.
Las autoridades federales detallaron que se están revisando las condiciones jurídicas bajo las cuales se llevó a cabo el operativo, así como el estatus y las acreditaciones de los agentes estadounidenses involucrados, incluyendo si existía conocimiento previo por parte del gobierno estatal.
El caso se originó tras un operativo realizado el 18 de abril en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, donde se desmanteló un narcolaboratorio. Posteriormente, un accidente carretero dejó cuatro personas muertas, entre ellas dos funcionarios mexicanos y dos ciudadanos estadounidenses, lo que destapó la presunta participación de la CIA.
A raíz de estos hechos, la FGR abrió al menos dos carpetas de investigación: una por el operativo en sí y otra por la posible intervención de agentes extranjeros, lo que podría configurar violaciones a la legislación en materia de seguridad nacional.
El escándalo ya tuvo consecuencias políticas. Días después del incidente, el entonces fiscal estatal de Chihuahua, César Jáuregui, renunció al cargo tras reconocer inconsistencias en el manejo del caso y la falta de claridad sobre la participación de los agentes estadounidenses.
El caso ha escalado a nivel nacional e internacional, en medio de tensiones entre México y Estados Unidos por temas de soberanía y cooperación en seguridad, luego de que el gobierno federal asegurara que no tenía conocimiento de la presencia de agentes extranjeros en el operativo.
La FGR advirtió que, de confirmarse irregularidades, se aplicará “todo el peso de la ley” contra los responsables, mientras continúan las indagatorias para deslindar responsabilidades en uno de los casos más delicados recientes en materia de seguridad y relaciones bilaterales.
