La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que ya se logró la reparación del daño para víctimas del caso de los sueros vitaminados en Hermosillo, mientras continúan las investigaciones con cateos y suspensión de establecimientos relacionados.

De acuerdo con la autoridad, las acciones forman parte del seguimiento a uno de los casos más graves recientes en materia de salud pública en la entidad, derivado de la aplicación de soluciones intravenosas que provocaron múltiples fallecimientos.

La FGJE indicó que el proceso de reparación del daño se concretó en favor de algunas de las víctimas, como parte de los mecanismos legales dentro de la investigación por presunta mala praxis médica.

Este caso derivó en la apertura de varias carpetas de investigación, luego de que al menos 11 personas resultaran afectadas por la aplicación de los llamados “sueros vitaminados”, de las cuales ocho fallecieron.

Como parte de las indagatorias, autoridades han realizado cateos en distintos establecimientos vinculados al caso, además de asegurar insumos médicos, expedientes clínicos y suspender operaciones de clínicas relacionadas.

Estos operativos se han extendido a distintos municipios, con participación de autoridades estatales y federales para esclarecer los hechos y evitar nuevos riesgos sanitarios.

Asimismo, se mantiene vigente una orden de aprehensión contra el médico señalado como presunto responsable, acusado de homicidio culposo por responsabilidad médica.

El caso de los sueros vitaminados generó alerta a nivel estatal y nacional, luego de que se detectara que los pacientes presentaron síntomas graves asociados a infecciones, lo que apunta a una posible contaminación bacteriana en las soluciones administradas.

Las autoridades sanitarias, en coordinación con instancias federales, mantienen análisis de laboratorio para determinar con precisión el origen de las fallas, así como reforzar la vigilancia en clínicas que ofrecen este tipo de tratamientos.

La Fiscalía reiteró que las investigaciones continúan abiertas y que se mantendrán acciones para garantizar justicia a las víctimas, además de prevenir que se repitan hechos similares en la entidad.

El caso ha generado un debate sobre la regulación de tratamientos intravenosos de bienestar, que en algunos casos operan sin suficiente supervisión médica.