Carlos Alberto García González, exsecretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, responsabilizó al exmandatario de las instrucciones relacionadas con las contrataciones por las que actualmente enfrenta tres causas penales, vinculadas con presuntas irregularidades que suman 11 millones 612 mil 941 pesos.

En una entrevista difundida el 23 de octubre, García González sostuvo que las decisiones cuestionadas durante su gestión respondían a instrucciones provenientes de la oficina del entonces gobernador. Según su versión, la dependencia a su cargo intervenía únicamente como área requirente, es decir, solicitaba los bienes o servicios, pero no tenía facultades para seleccionar proveedores, adjudicar contratos, determinar montos ni autorizar o ejecutar pagos.

“Los hechos que se me imputan en mi actuación como secretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas, pues en aquel tiempo fueron ejecutados por instrucciones de la oficina del entonces Ejecutivo Estatal, en particular del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca”, afirmó.

El exfuncionario pidió que las investigaciones permitan reconstruir la cadena de decisiones para establecer quién instruyó las contrataciones, quién autorizó los procedimientos y quién tuvo participación en la ejecución de los pagos.

Los señalamientos forman parte de la defensa de García González ante las investigaciones que enfrenta. Sus declaraciones no constituyen por sí mismas una determinación judicial sobre la responsabilidad del exgobernador, quien no aparece como responsable penalmente probado por estos hechos.

Las causas penales están relacionadas con tres operaciones realizadas durante la administración estatal de Cabeza de Vaca, entre 2019 y 2020: un contrato de servicios profesionales, un pago anticipado para una feria estatal y la contratación directa de servicios vinculados con un proyecto turístico y comercial en Reynosa.

El primer expediente corresponde a un contrato de servicios profesionales por 3 millones 250 mil pesos, celebrado el 16 de julio de 2019. En este caso, García González fue vinculado a proceso el 20 de octubre de 2025 por presuntos delitos relacionados con el uso ilícito de atribuciones y facultades y el desempeño indebido de funciones.

Entre las medidas cautelares impuestas se encuentran la prohibición de salir del país y restricciones de acercamiento a la persona denunciante y a las instalaciones de la dependencia estatal involucrada. La defensa impugnó la vinculación a proceso y, según la información disponible, la resolución de ese recurso seguía pendiente.

El segundo expediente se relaciona con un pago anticipado de 4 millones 998 mil 941 pesos para servicios correspondientes a la Feria Estatal Tamaulipas, Región Sur 2020. La acusación sostiene que el desembolso se realizó antes de que se prestaran los servicios y sin que se cumplieran determinadas condiciones contractuales.

Aunque la causa fue abierta en 2023, la audiencia inicial continuaba pendiente al cierre de la información consultada. Entre los obstáculos señalados en el expediente está la falta de cumplimiento de un requerimiento ministerial para proporcionar los domicilios de las personas imputadas.

La tercera investigación corresponde a una adjudicación directa para contratar servicios de promotoría, gestoría y representación gubernamental en un proyecto turístico, comercial y de esparcimiento en Reynosa.

La acusación señala que en diciembre de 2020 se autorizó un procedimiento directo por un monto de hasta 3 millones 438 mil 240 pesos, pese a que, según la imputación, correspondía realizar una invitación a cuando menos tres participantes. El contrato finalmente se celebró por 3 millones 364 mil pesos.

Por este expediente, García González también fue vinculado a proceso el 20 de octubre de 2025. Entre las medidas cautelares se estableció una garantía económica de 200 mil pesos, cuya imposición fue impugnada mediante un amparo relacionado con su fundamentación y motivación.

En conjunto, los montos de las tres operaciones investigadas ascienden a 11 millones 612 mil 941 pesos. Las acusaciones deberán resolverse dentro de los procedimientos judiciales correspondientes y las vinculaciones a proceso no equivalen a una sentencia condenatoria.

Para el próximo viernes 30 de octubre está programada una audiencia intermedia o de procedimiento abreviado relacionada con el expediente de la contratación de servicios para el proyecto turístico y comercial de Reynosa.

La diligencia podría representar un nuevo avance procesal en uno de los casos que involucran al exsecretario, aunque su resultado dependerá de las actuaciones judiciales y de las posiciones de las partes.

Los señalamientos de García González también se suman a los expresados anteriormente por Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud de Tamaulipas, quien atribuyó al exgobernador instrucciones relacionadas con contrataciones investigadas durante su administración.

Ambos testimonios colocan bajo escrutinio la forma en que se tomaban decisiones sobre contratos y adquisiciones durante el gobierno estatal de 2016 a 2022. Sin embargo, corresponde a las autoridades determinar la intervención de cada funcionario y establecer, con base en las pruebas, si existieron responsabilidades penales.

Mientras tanto, García González enfrenta dos vinculaciones a proceso y una tercera causa cuya audiencia inicial permanecía pendiente, en un conjunto de investigaciones que busca esclarecer las presuntas irregularidades en contrataciones públicas de Tamaulipas.