El exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, se entregó a autoridades de Estados Unidos en el marco de una investigación que involucra a funcionarios y exfuncionarios del estado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con reportes de medios nacionales e internacionales, Almanza es señalado por autoridades estadounidenses de colaborar con la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa, facilitando sus operaciones y brindando protección institucional.

Acusaciones desde EU sacuden a Sinaloa

El caso forma parte de una investigación más amplia encabezada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha señalado a al menos 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, incluidos altos mandos de seguridad, por presunta colusión con el narcotráfico.

Según las indagatorias, los implicados habrían recibido sobornos y permitido el libre funcionamiento del grupo criminal, además de presuntamente colaborar en acciones contra organizaciones rivales.

El expediente incluso vincula a figuras políticas de alto nivel como el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, quien ha negado las acusaciones y ha comparecido ante autoridades mexicanas.

Entregas voluntarias y presión internacional

La entrega de Almanza ocurre en un contexto de creciente presión por parte del gobierno estadounidense, donde otros exfuncionarios también han decidido presentarse voluntariamente ante la justicia de ese país.

Este proceso ha generado tensiones políticas y diplomáticas entre México y Estados Unidos, además de abrir un debate sobre la presunta infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno.

Investigación también avanza en México

En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado investigaciones en territorio nacional, citando a declarar a varios de los señalados, quienes hasta ahora han sostenido su inocencia y han manifestado disposición a colaborar con las autoridades.

El caso continúa en desarrollo y podría tener implicaciones políticas y judiciales tanto en México como en Estados Unidos, en uno de los escándalos más relevantes recientes relacionados con seguridad y crimen organizado.