La Corte del Distrito Sur de Nueva York designó a la exfiscal federal Sarah Krissoff como representante legal del general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien enfrenta cargos relacionados con narcotráfico en Estados Unidos.
De acuerdo con registros judiciales, Mérida Sánchez decidió no contratar defensa privada, por lo que la Corte le asignó a Krissoff, una abogada con amplia experiencia en casos federales complejos relacionados con lavado de dinero, crimen organizado y delitos financieros.
La causa judicial contra el exfuncionario mexicano ha sido clasificada como de alta complejidad debido al volumen de pruebas, la gravedad de las acusaciones y las posibles conexiones con estructuras del Cártel de Sinaloa.
Sarah Krissoff es egresada de la Universidad de Columbia y trabajó como fiscal federal adjunta en el Distrito Sur de Nueva York entre 2008 y 2021, donde encabezó investigaciones sobre fraude financiero, lavado de dinero, delitos cibernéticos, crimen organizado y corrupción.
Además, en 2017 recibió el Premio al Servicio Excepcional del Departamento de Justicia de Estados Unidos y en 2021 fue nominada al reconocimiento de Fiscal del Año por su desempeño en investigaciones federales de alto perfil.
La abogada también formó parte de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Washington D.C., y actualmente integra la firma jurídica Cozen O’Connor.
De acuerdo con especialistas consultados en medios estadounidenses, la estrategia de defensa podría centrarse en dos vías: revisar la evidencia presentada por fiscales federales que presuntamente vincula a Mérida Sánchez con operaciones del narcotráfico y explorar un posible acuerdo de culpabilidad para evitar llegar a juicio.
La próxima audiencia del caso fue programada para el 1 de junio en Nueva York, donde se espera que la defensa conozca nuevos elementos de prueba y se definan los siguientes pasos del proceso judicial.
El caso forma parte de las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra exfuncionarios de Sinaloa presuntamente relacionados con estructuras del crimen organizado, situación que ha generado tensión política y diplomática entre ambos países.
