La excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Julieta del Río Venegas, cuestionó la decisión de mantener bajo reserva las declaraciones patrimoniales y de intereses del almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Del Río señaló que la reserva se mantiene bajo el argumento de seguridad nacional y planteó públicamente cuál sería el “daño real y demostrable” que representaría conocer información como el sueldo y los bienes declarados por el exfuncionario.
La excomisionada sostuvo que, conforme al marco de transparencia, debe existir una versión pública de las declaraciones patrimoniales que permita conocer la información que legalmente puede hacerse pública, protegiendo al mismo tiempo los datos personales que correspondan.
La información patrimonial de Ojeda Durán permanece reservada y, de acuerdo con la información consultada en Declaranet, podrá conocerse hasta el 1 de enero de 2030.
La reserva forma parte de una determinación adoptada por la Secretaría de Marina respecto de las declaraciones patrimoniales de personal naval que causó baja a partir del cierre del sexenio anterior. La dependencia argumentó que la difusión de determinados datos podría representar un riesgo para la seguridad nacional, la seguridad pública y la defensa nacional.
En el caso de los elementos navales, la justificación señala que la información patrimonial podría permitir identificar a personal que participó en determinadas operaciones, así como generar riesgos para ellos y sus familias.
El marco legal citado por la Secretaría de Marina contempla la posibilidad de clasificar información cuando su publicación pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y exista un riesgo real y demostrable.
En su declaración patrimonial de diciembre de 2018, al comenzar el gobierno de López Obrador, Ojeda Durán reportó ingresos mensuales de 129 mil 967 pesos por su cargo como secretario de Marina.
En aquel momento declaró no tener bienes muebles a su nombre, salvo una camioneta Mitsubishi Endeavor Limited modelo 2009, con un valor reportado de 285 mil 913 pesos, además de un crédito hipotecario.
Para mayo de 2023, informó ingresos anuales de un millón 823 mil 206 pesos correspondientes a su salario como secretario de Marina.
La controversia sobre la información patrimonial de Ojeda Durán ocurre mientras el nombre del exsecretario aparece relacionado con el proceso judicial contra sus sobrinos políticos, los exmarinos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, señalados por su presunta participación en una red de huachicol fiscal en aduanas marítimas.
El pasado 28 de agosto, Ojeda fue citado para declarar durante una audiencia relacionada con el caso. Sin embargo, la Fiscalía General de la República informó que no había podido localizarlo, de acuerdo con lo señalado por el abogado de los Farías Laguna.
La defensa de los exmarinos también ha cuestionado la clasificación de documentos asegurados por la FGR durante un cateo. Su abogado sostiene que algunos de los documentos no tendrían el carácter de información de seguridad nacional, mientras que la Fiscalía ha señalado que en el inmueble se encontraron documentos clasificados y relacionados con la seguridad nacional. Se trata de posiciones contrapuestas dentro del proceso.
El debate sobre la reserva de las declaraciones patrimoniales de Ojeda se suma así a una discusión más amplia sobre los límites entre la protección de información vinculada con seguridad nacional y las obligaciones de transparencia de los servidores públicos.
En 2023, la Suprema Corte confirmó una resolución que ordenó entregar versiones públicas de declaraciones patrimoniales de ingenieros militares, al considerar que en ese caso no se había demostrado un riesgo real, demostrable e identificable para la seguridad nacional. El precedente se refería a un grupo específico de funcionarios y no directamente al caso de Ojeda Durán.
