El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, obtuvo una nueva suspensión definitiva en el juicio de amparo que promovió contra su vinculación a proceso por presuntos delitos relacionados con el contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada.

La resolución fue emitida el 29 de octubre por Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro del expediente de amparo 1085/2026.

Con esta determinación, el procedimiento penal permanece en la etapa intermedia y no podrá dictarse el auto de apertura a juicio oral mientras se resuelve el fondo del amparo.

La medida no anula la vinculación a proceso ni representa una exoneración del exmandatario. La acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) continúa vigente y el caso sigue su curso en los términos establecidos por la resolución judicial.

La vinculación a proceso contra el exgobernador fue dictada en julio de 2026 por una jueza del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez.

La investigación está relacionada con una presunta red de contrabando de combustibles mediante ferrotanques. A Ruffo Appel se le atribuyen posibles delitos de delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR sostiene que el esquema habría utilizado distintas empresas para introducir gasolina y diésel al país sin cumplir con las obligaciones fiscales y aduaneras correspondientes. Estas imputaciones deberán resolverse dentro del proceso judicial.

Ruffo Appel, de 74 años, enfrenta el procedimiento bajo la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria en Ensenada, Baja California.

El exmandatario dejó el penal de máxima seguridad del Altiplano el 26 de septiembre, después de que un juez autorizó modificar el lugar donde cumpliría la medida cautelar, considerando su edad y condiciones de salud.

La nueva suspensión definitiva representa otro freno judicial a la continuación del procedimiento hacia el juicio oral, pero no resuelve todavía si el exgobernador debe recibir la protección de la justicia federal contra la vinculación a proceso.

Por tanto, la situación jurídica de Ruffo Appel seguirá sujeta a lo que determine el juzgado al resolver el fondo del amparo.