Estados Unidos y México emprendieron nuevas acciones contra la estructura financiera del Cártel del Noreste (CDN), tras identificar una presunta red empresarial que habría utilizado negocios de construcción, transporte, combustibles y carreras de caballos para movilizar recursos vinculados con la organización criminal.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 13 de octubre sanciones contra cuatro personas y 11 empresas presuntamente relacionadas con esta estructura. De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incorporó a los 15 sujetos a su Lista de Personas Bloqueadas, como parte de la coordinación bilateral para detectar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la información de las autoridades, el análisis financiero, fiscal y corporativo permitió identificar movimientos relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales, así como adquisiciones de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles que no corresponderían con los perfiles transaccionales reportados por algunos de los sujetos investigados.

Las autoridades también detectaron presuntas inconsistencias fiscales, operaciones atípicas y sociedades con actividad económica limitada o difícil de identificar. Estos elementos apuntarían al posible uso de estructuras empresariales para movilizar recursos de origen ilícito y darles apariencia de legalidad.

CONSTRUCCIÓN, COMBUSTIBLES Y CARRERAS DE CABALLOS

Entre las personas señaladas se encuentra el empresario Gamaliel Garza García, junto con su hijo, Gamaliel Garza Elías. Según las acusaciones difundidas por el Gobierno estadounidense, la estructura empresarial vinculada con ambos habría servido para canalizar recursos hacia campañas electorales de candidatos favorecidos por el grupo criminal y para obtener contratos públicos mediante presuntos actos de corrupción.

Entre las compañías incluidas en las sanciones figuran Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) y Concretos y Productos Asfálticos del Norte, relacionadas con el sector de la construcción. También aparecen empresas vinculadas con el suministro de gas y combustibles, además de firmas de transporte y logística.

Las autoridades estadounidenses sostienen que estas actividades comerciales habrían permitido generar ingresos, mantener operaciones empresariales y facilitar movimientos financieros asociados con el Cártel del Noreste. Las acusaciones forman parte de las medidas anunciadas por Washington y no deben interpretarse, por sí solas, como una sentencia judicial contra todas las personas o compañías señaladas.

Otro de los puntos centrales de la investigación es la presunta utilización de la industria ecuestre para lavar dinero. Entre las entidades sancionadas se encuentra el Club La Molienda, un establecimiento ubicado en las inmediaciones de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que cuenta con instalaciones para carreras de caballos, restaurante y bar.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, este tipo de negocios habría generado ingresos mediante inscripciones, cobros a espectadores y otras actividades relacionadas con las competencias. Las autoridades estadounidenses también señalaron presuntos vínculos entre el establecimiento y operadores del grupo criminal.

La investigación contempla además el caso de Francisco Javier Inzunza Partida, relacionado con actividades de transporte de carga. Washington lo acusa de haber participado en la gestión del envío de dos remolques que fueron interceptados con cocaína oculta en compartimentos de sus sistemas de frenos.

En la lista también aparece Pablo César Guajardo Álvarez, identificado por las autoridades estadounidenses como alias “El Takia”, a quien atribuyen funciones de liderazgo dentro de la estructura del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo.

Como parte de las medidas, los bienes y activos sujetos a la jurisdicción estadounidense de las personas y entidades sancionadas quedan bloqueados conforme a las disposiciones aplicables. La medida también alcanza a las empresas que sean propiedad directa o indirecta, en un 50 por ciento o más, de personas incluidas en la lista de sanciones de Estados Unidos.

En México, la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF constituye una medida preventiva de carácter administrativo. La propia autoridad ha precisado que esta determinación no representa por sí misma una resolución definitiva sobre la responsabilidad de los señalados, quienes conservan los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación.

La acción conjunta busca limitar el acceso de las redes criminales al sistema financiero y afectar las estructuras comerciales que presuntamente les permiten obtener, mover y ocultar recursos.

El caso vuelve a colocar bajo atención las conexiones entre el crimen organizado y actividades económicas aparentemente legales, así como los mecanismos de cooperación entre ambos países para rastrear operaciones financieras, identificar activos y debilitar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.