El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció que hubo “graves errores” durante el operativo policial realizado frente a Casa Jalisco, donde manifestantes fueron detenidos en medio de una protesta. El mandatario confirmó que todas las personas arrestadas fueron liberadas y ordenó investigar las actuaciones de los elementos de seguridad.
Lemus señaló que, tras revisar videos del operativo, concluyó que hubo acciones que no debieron ocurrir, entre ellas el uso de agua y gas contra los participantes de la movilización. Por ello, instruyó que se investigue lo sucedido y se determinen las responsabilidades correspondientes.
El gobernador también anunció que el proceso contará con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, con el objetivo de revisar las actuaciones policiales y dar seguimiento a posibles abusos durante la intervención.
Los hechos ocurrieron durante una protesta frente a Casa Jalisco, en Guadalajara, en la que los participantes expresaron inconformidades relacionadas con la calidad del agua y la respuesta de las autoridades estatales. La movilización derivó en un operativo que terminó con personas detenidas y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza pública.
El reconocimiento del mandatario ocurre después de las críticas por la actuación policial y de las exigencias para esclarecer las detenciones. La liberación de todos los manifestantes representa un avance respecto a esa demanda, aunque permanece pendiente la investigación sobre el desarrollo del operativo y la posible responsabilidad de los agentes involucrados.
Lemus instruyó que se revisen los videos y las circunstancias en las que se utilizaron los recursos policiales contra los asistentes. También planteó que, si se confirman irregularidades, los responsables deberán enfrentar las sanciones correspondientes.
La intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos busca acompañar la revisión de los hechos desde la perspectiva de los derechos de las personas que participaron en la protesta. La investigación deberá establecer cómo se desarrolló el operativo, qué decisiones se tomaron y si el uso de la fuerza se ajustó a los protocolos aplicables.
El caso mantiene abierto el debate sobre la actuación de las corporaciones de seguridad ante manifestaciones ciudadanas y las garantías para ejercer el derecho a la protesta. Por ahora, el gobernador reconoció errores en el despliegue policial y ordenó investigar, mientras las autoridades deberán determinar las responsabilidades con base en los resultados de las indagatorias.
