Ciudad de México; 30 de septiembre de 2026.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a 46 personas y empresas que, según las autoridades estadounidenses, forman parte de la estructura de Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.
La medida anunciada el 29 de septiembre contempla a 21 personas físicas y 25 personas morales, entre ellas Zambada Sicairos, integrantes de su círculo cercano, operadores asentados en Baja California, presuntos facilitadores financieros y personas señaladas por las autoridades estadounidenses como operadores políticos.
Como consecuencia de la designación estadounidense, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a los 46 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) en México, como una medida administrativa de carácter preventivo.
“Mayito Flaco” y la estructura señalada
De acuerdo con OFAC, Ismael Zambada Sicairos asumió el liderazgo de Los Mayos después de la detención de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024.
La autoridad estadounidense sostiene que “Mayito Flaco” mantiene el control de la organización y dirige actividades criminales, entre ellas tráfico de drogas, extorsión, corrupción y secuestro. Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos de las autoridades estadounidenses y forman parte de la justificación de las sanciones.
Entre los integrantes de su círculo cercano incluidos en la acción aparecen Hildegardo Gastelum García, Jorge Luis Mendoza Uriarte, Francisco Javier Mendoza Uriarte y Lorenzo Castillo Maldonado, además de la empresa Servicios Hoteleros Gastelum, vinculada por OFAC con Gastelum García.
Señalamientos en Baja California
Una parte relevante de la acción se concentra en Tijuana y Mexicali, consideradas por el Departamento del Tesoro como zonas estratégicas para las operaciones de Los Mayos hacia Estados Unidos.
Entre los sancionados figura Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como su hermano Luis Alfonso Torres Torres.
OFAC sostiene que Carlos Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades del grupo criminal y que mantenía una alianza con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, a quien las autoridades estadounidenses identifican como uno de los operadores de Los Mayos en Mexicali.
También fue incluido Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a quien OFAC señala por presuntos vínculos con esa estructura.
La designación también alcanzó a Rafael Buenrostro Marín, exfuncionario de Aduanas y exasesor legislativo en Baja California, y a Diosvany Samuel Chapotín Villalba, a quien el Departamento del Tesoro relaciona con actividades de narcotráfico y lavado de dinero.
También fueron señaladas empresas
La acción estadounidense no se limitó a personas físicas. Entre las empresas designadas aparecen Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF, relacionadas por OFAC con Luis Alfonso Torres Torres.
También fue incluida Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, vinculada por la autoridad estadounidense con Pedro Mendívil, así como Publicidad e Imagen Integral ENLA-C, relacionada con Rafael Buenrostro.
Con las sanciones, los bienes e intereses en bienes de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibido realizar determinadas transacciones con los sancionados, salvo autorización correspondiente.
UIF bloquea cuentas en México
Tras el anuncio de OFAC, la UIF incorporó a los 46 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas en México.
La medida busca impedir que los recursos vinculados con los sujetos incluidos puedan utilizar el sistema financiero nacional. La incorporación a esta lista tiene carácter preventivo y administrativo, por lo que no constituye por sí misma una determinación judicial de responsabilidad penal.
La acción representa una nueva coordinación entre autoridades financieras de México y Estados Unidos para identificar y restringir estructuras económicas relacionadas con organizaciones criminales.
El Departamento del Tesoro señaló que su operación busca afectar las estructuras de liderazgo, operación y financiamiento de Los Mayos, particularmente las redes que, según su investigación, mantienen presencia en Baja California y conexiones con actividades financieras y empresariales.
