Una nueva controversia internacional se desató luego de que medios estadounidenses revelaran que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, ambos emanados de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con un reporte del diario Los Angeles Times, retomado por diversos medios, las autoridades estadounidenses habrían revocado las visas de ambos mandatarios mientras avanzan las indagatorias. Además, señala que continúan ingresando a territorio estadounidense mediante un permiso especial conocido como “libertad condicional por beneficio público significativo”, utilizado en ciertos casos para personas que colaboran en investigaciones.

Las versiones apuntan a que en el caso de Alfonso Durazo, la investigación estaría relacionada con posibles nexos con organizaciones criminales, mientras que Américo Villarreal sería indagado por presuntos vínculos con redes de contrabando de combustible, conocido como “huachicol”.

Sin embargo, ambos gobiernos estatales rechazaron de manera tajante las acusaciones. En Sonora, autoridades aseguraron que el gobernador cuenta con visa vigente y que no ha sido notificado de ninguna investigación por parte de Estados Unidos. En Tamaulipas, la administración estatal calificó los señalamientos como “falsos” y sin pruebas.

El caso ocurre en un contexto de creciente presión del gobierno estadounidense hacia funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con el crimen organizado. De acuerdo con reportes periodísticos, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que ha derivado en la cancelación de visas a decenas de actores políticos en los últimos meses.

Además, las investigaciones se suman a otros señalamientos recientes contra funcionarios vinculados a Morena, lo que ha incrementado la tensión entre ambos países en materia de seguridad y soberanía.

Desde el gobierno mexicano, la postura ha sido de rechazo ante lo que consideran posibles actos de injerencia extranjera, insistiendo en que cualquier investigación contra funcionarios nacionales debe realizarse conforme a las leyes mexicanas.

Hasta el momento, no se han presentado cargos formales contra los gobernadores señalados, mientras la polémica continúa escalando en el ámbito político y diplomático.

El caso no solo impacta la relación bilateral entre México y Estados Unidos, sino que también añade presión interna en un contexto político ya marcado por acusaciones, polarización y disputas en torno a la seguridad pública.