Estados Unidos autorizó una modificación parcial del régimen de sanciones contra Venezuela para permitir que el gobierno de ese país cubra los honorarios legales de la defensa del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan un proceso judicial en Nueva York por presuntos delitos relacionados con narcotráfico.

La decisión fue emitida mediante licencias enmendadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que ahora permiten el flujo de recursos hacia los abogados defensores bajo condiciones específicas, revirtiendo así un bloqueo previo que impedía el uso de fondos estatales venezolanos para este fin por motivos de seguridad nacional.

De acuerdo con documentos judiciales y reportes de prensa, los pagos únicamente podrán realizarse con recursos disponibles del gobierno venezolano posteriores al 5 de marzo de 2026 y no podrán provenir de fondos restringidos o vinculados a depósitos internacionales congelados por sanciones estadounidenses.

El giro en la política de Washington ocurre en medio de un proceso judicial de alto perfil en el que Maduro y Flores han sido acusados de conspiración para el narcoterrorismo, importación de cocaína y otros cargos federales. Ambos fueron detenidos en Caracas el pasado 3 de enero por fuerzas especiales estadounidenses y posteriormente trasladados a Nueva York, donde permanecen bajo custodia.

La defensa legal, encabezada por el abogado Barry Pollack, había argumentado previamente que la prohibición de acceso a fondos venezolanos vulneraba el derecho constitucional a una defensa adecuada, protegido por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, al impedir la contratación de abogados de su elección.

El caso también había generado debate judicial sobre el alcance de las sanciones económicas en procesos penales. En audiencias anteriores, el juez federal Alvin Hellerstein cuestionó la postura del gobierno estadounidense al considerar que el bloqueo absoluto de recursos podía afectar garantías procesales fundamentales.

Con esta nueva autorización, el Departamento del Tesoro busca equilibrar la aplicación de sanciones internacionales con la obligación de garantizar el debido proceso, sin que ello implique un cambio en las acusaciones ni en la estrategia de la fiscalía.

Se prevé que el juicio formal contra el exmandatario venezolano y su esposa no inicie sino hasta dentro de uno o dos años, debido a la complejidad del caso y a la etapa de preparación probatoria en curso.