El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló la identidad de los cinco militares cubanos acusados junto al exmandatario cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996 sobre el estrecho de Florida.
La acusación, presentada ante una corte federal en Florida, señala a Raúl Castro y a altos mandos de la Fuerza Aérea cubana por presuntos delitos de conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y homicidio.
Entre los militares señalados aparecen Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Bárzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, quienes presuntamente participaron en la operación militar que terminó con el derribo de las avionetas de la organización “Hermanos al Rescate”.
Según fiscales estadounidenses, las aeronaves civiles fueron derribadas el 24 de febrero de 1996 por cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana mientras realizaban vuelos sobre aguas internacionales, provocando la muerte de cuatro personas vinculadas con el grupo humanitario anticastrista con sede en Miami.
Las autoridades estadounidenses sostienen que Raúl Castro, quien en ese momento era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, se encontraba en la cima de la cadena de mando militar y habría autorizado el operativo.
El fiscal interino Todd Blanche calificó el caso como la primera acusación formal en décadas contra integrantes de la cúpula del régimen cubano por actos violentos que derivaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses.
La imputación ocurre en medio de una nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos y Cuba bajo la administración de Donald Trump, que ha endurecido su postura hacia La Habana y mantiene sanciones económicas y presiones diplomáticas contra el gobierno cubano.
Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de una acción política impulsada por Washington para intensificar la presión sobre el régimen cubano.
Analistas consideran que este proceso podría convertirse en uno de los episodios judiciales y diplomáticos más delicados en la relación entre ambos países desde el restablecimiento parcial de vínculos bilaterales ocurrido durante la administración de Barack Obama.
