El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente vinculadas a una red de contrabando de combustible relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en lo que representa un nuevo golpe financiero contra las estructuras del crimen organizado.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las personas señaladas habrían operado un esquema conocido como “huachicol fiscal”, mediante el cual combustible refinado es introducido ilegalmente a México sin el pago de impuestos, frecuentemente disfrazado como otro tipo de mercancía para evadir controles aduanales.

Las autoridades estadounidenses identifican a esta red como parte clave del financiamiento del CJNG, uno de los grupos criminales más poderosos en México, al generar ingresos millonarios a través del tráfico ilícito de hidrocarburos.

Entre los sancionados se encuentran operadores considerados piezas relevantes dentro de la estructura financiera del grupo, quienes presuntamente utilizaban empresas fachada tanto en México como en Estados Unidos para lavar dinero, mover recursos y facilitar el contrabando de combustible.

Las sanciones implican el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de ese país, lo que limita significativamente sus operaciones internacionales.

Este caso se suma a diversas investigaciones binacionales que han revelado la creciente sofisticación del llamado “huachicol fiscal”, una práctica que ha evolucionado del robo directo de combustible a esquemas más complejos de evasión fiscal y comercio ilícito transfronterizo.

Autoridades estadounidenses han advertido que, pese a los esfuerzos para frenar estas actividades, el flujo ilegal de combustible continúa representando miles de millones de dólares, consolidándose como una de las principales fuentes de financiamiento para organizaciones criminales.